Cambiemos se jacta de ser un gobierno que respeta las instituciones. Sin embargo, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, retiene en un cajón bajo llave el proyecto que declara la Emergencia Social y Alimentaria que ya obtuvo media sanción en la cámara alta y tiene en Diputados el compromiso de los bloques de la oposición para su aprobación. Si esto ocurre, el presidente Mauricio Macri se prepara para su segundo veto, tras rechazar la ley antidespidos.
Para que un proyecto esté en condiciones de ser tratado en el recinto desde que se da despacho de comisión y se notifica a los bloques políticos deben transcurrir 7 días hábiles. Por eso, horas quedan para que Michetti y el secretario parlamentario del Senado estampen sus firmas y giren el expediente a Diputados. Si esto no ocurre, el año terminará sin la ley que declara por un año la emergencia social a nivel nacional e incrementa, en ese tiempo, un 15% el monto de la Asignación Universal por Hijo y promueve la creación de un millón de puestos de empleos.
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Frente a este panorama, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) marchó al Congreso junto a organizaciones sociales de trabajadores informales, para reclamar la inmediata sanción del proyecto de ley. Si el proyecto llega a Diputados, comienza una carrera contrarreloj para aprobarlo antes de que venza el período de sesiones ordinarias.
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Las distintas versiones del peronismo en la Cámara baja expresaron su apoyo a la iniciativa. El jefe del bloque del Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso, junto a las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur) y Alcira Argumedo (Proyecto Sur) presentaron hoy en mesa de entrada de la Secretaría Parlamentaria del Senado, una nota dirigida a Gabriela Michetti, exigiendo la agilización del trámite parlamentario.
Si Michetti gira el expediente, inmediatamente se define en qué comisiones se discutirá (esas serían Presupuesto, Trabajo, Vivienda y Población). En un panorama ideal, todas ellas le dan despacho de comisión para que se trate en la próxima sesión, que sería entre el 29 y 30 de este mes. En esa sesión, con 129 diputados, que es el quórum necesario para iniciar la sesión, la oposición puede aprobar el proyecto.
Otro escenario. Se complica más el panorama si el proyecto llega y no tiene dictamen de comisión, hay que llamar a una sesión especial para incorporar el proyecto sin dictamen. Para eso, se necesita una mayoría agravada ya que debe ser aprobado por dos tercios de los presentes. Con sus 87 diputados, Cambiemos puede impedirlo.
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Por último, si no se gira el expediente, lo que implica una falta de institucionalidad grave, no se puede tratar este año. Solo se podría tratar mediante un llamado de sesiones extraordinarias, pero no ocurrirá ya que es el Ejecutivo el único que puede convocar a extraordinarias y decidir el temario.
Macri no quiere asumir el costo político que implica vetar otra ley en un año donde la CGT aseguró que el salario acumula una pérdida del poder adquisitivo de 11,5 por ciento y la AFIP informó que hay al menos 127 mil despidos, sin contar los trabajadores informales. Además, se acerca diciembre y si la emergencia social es aprobada y luego vetada ya las organizaciones sociales advirtieron que reaccionarán en las calles con un plan de lucha más duro contra el Gobierno.
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