El Gobierno continúa su cruzada para copar lugares clave dentro del Poder Judicial. Ahora logró, por un lado, que el procurador interino Eduardo Casal (que sigue directrices de la Casa Rosada) desplace al fiscal Gabriel Pérez Barberá de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Por el otro, que nombre en su lugar a Mario Alberto Villar, de sintonía fina con la Casa Rosada y con el fiscal Raúl Plee, uno de sus principales operadores judiciales.
La PROCELAC es una de las áreas más sensibles dentro de la Procuración, ya que tiene una doble función. Puede recibir denuncias e iniciar investigaciones preliminares para luego realizar su propia denuncia en tribunales y, además, colaborar con investigaciones sobre lavado de dinero y criminalidad económica cuando se lo solicite algún fiscal.
En los últimos meses, la PROCELAC intervino en numerosas causas de alto impacto, entre ellas la de la fotocopia de los Cuadernos. Es por eso que quien la encabece es clave a la hora del manejo de información sensible que, en teoría, debería preservar en secreto pero que en la práctica judicial de Cambiemos se transforma en una herramienta más para Macri y su mesa chica judicial.
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La decisión llega en el momento en que el interino Casal, que asumió luego de que el Gobierno lograra la renuncia de Alejandra Gils Carbó, tiene cierta tranquilidad respecto de su continuidad. La intentona del Gobierno de nombrar procuradora a Inés Weinberg de Roca no funcionó y sería extraño que se lleguen a reunir los dos tercios de senadores que se requieren para un nuevo procurador durante 2019, un año electoral y en el que la continuidad de Macri está lejos de garantizada. En definitiva, nadie quiere darle un procurador a un presidente que puede durar unos meses más y punto. Por ende, el interino Casal tiene un horizonte de estabilidad y, según distintas fuentes que consultó El Destape, este cambio obedece a su intención de tener más control de lo que suceda en la PROCELAC. Ese control llega directo a la Casa Rosada.
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La terminal de Villar, el nuevo titular de la PROCELAC, es el fiscal Plee, uno de los operadores judiciales más efectivos y longevos de Comodoro Py. Actualmente fiscal de la Cámara de Casación, Plee conoce a Macri desde su paso por la Comisión asesora en Seguridad de Boca, que integró junto a otros colegas como Carlos Storsionelli y Gerardo Pollicita. Como las casualidades no existen, a nadie le sorprende que sean los que más empeño y menos derecho ponen en las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas. Tampoco que, en el caso de Pollicita, sea quien intenta cerrar la causa penal por el caso Correo Argentino. En cuanto a Plee, además de su relación con Macri y su influencia en tribunales, está su paso por la precuela de la PROCELAC, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN). Durante su paso por la UFILAVDIN, Plee casi no encontró casos de lavado de dinero en el país y solicitó el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía. Una proeza, sólo comparable con la inexistencia de conflictos de interés en la agenda de Laura Alonso. Estos antecedentes, cercanía a Macri y poco interés por investigar lavado de dinero, hacían del fiscal Plee una opción para la PROCELAC. Pero el fiscal tiene sus propios intereses y está en la pugna por el cargo de Procurador General. Su perfil no se aleja del ideario macrista. Plee acumula denuncias por obstaculizar los avances en las causas por delitos de Lesa Humanidad en la Cámara de Casación y por demorar la acusación contra los acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA.
La relación entre Villar y Plee quedó a la vista cuando el ahora titular de la PROCELAC concursó para ser fiscal ante la Cámara de Casación. Plee fue uno de los jurados. En esa ocasión, Villar no quedó en la terna de los mejores postulantes para el cargo. Plee planteó una disidencia y Villar se dedicó a judicializar el concurso. En la maniobra también intervino Macri, que retiró el pliego de Maximiliano Rusconi que ya estaba en el Senado. Rusconi, hoy reconvertido en abogado de Julio de Vido, renunció al concurso. Lo mismo hizo otro de los ternados, Alejandro Alagia. Finalmente, Villar ingresó en la terna, el interino Casal envió su pliego al Senado y Macri selló el trámite para nombrarlo fiscal ante la Cámara de Casación.
El modelo a seguir con este cambio en la PROCELAC es el de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo y que también fue colonizado por Plee y uno de sus compinches, Juan Félix Marteau, que también tuvo un paso fugaz por el Gobierno macrista sin dejar su estudio de abogados, que funciona como ariete de los operadores de la city porteña vinculados a la maniobras de creatividad financiera. María Celeste Plee, hija del fiscal y ex empleada de Marteau en su estudio, desembarcó como directora el la UIF apenas asumió Macri. El organismo se transformó, con la conducción de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, en punta de lanza en el flanco financiero de la persecución judicial a opositores. Todo indica que ahora la PROCELAC tendrá una función análoga.
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