Por Sol Garnica
Especial para "El Destape"
La Corte Suprema de Justicia rechazó esta semana la ejecución de un fallo de diciembre de 2007 del juez Thomas Griesa que le ordenaba al Estado Argentino el pago de U$S 10.636.731 a un grupo de tenedores de Bonos Externos Globales de 2008, 2010 y 2017.
Los bonistas habían presentado un "exequátur", un procedimiento donde, con la conformidad del ordenamiento jurídico de un Estado (en este caso, el argentino), se verifica si una sentencia judicial de un tribunal de otro Estado reúne los requisitos que permiten la homologación o el reconocimiento
La demanda fue rechazada por todos los jueces que intervinieron. En primera instancia se dijo que la sentencia de Griesa se había dictado "desconociendo el principio de inmunidad soberana del Estado Argentino, por un tribunal que carecía de competencia internacional para entender en el asunto".
La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no sólo confirmó lo dicho sino que consideró que las normas que regulan la reestructuración de la deuda pública "forman parte del orden público del derecho argentino" y que no correspondía ejecución alguna.
Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni retomaron lo dicho en el fallo "Claren Corporation" del 6 de marzo de este año, donde (con voto de la fallecida jueza Carmen Argibay) rechazaron el pago de U$S 7 millones a los fondos buitre.
Tanto en ese caso como en el de esta semana se basaron en lo dictaminado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales había manifestado que la pretensión de cobro por parte de los buitres "desconoce y obstruye las medidas de reestructuración de deuda pública dispuestas por el Estado nacional con base en un principio prioritario del derecho constitucional nacional".
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