Mauricio Macri quiere transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal y apura un viejo plan que tiene desde que era jefe de Gobierno ante la inminente derrota electoral que lo eyectará de la Casa Rosada. El plan es la creación de una Inspección General de Justicia (IGJ) paralela a la que existe a nivel nacional, una IGJ porteña, donde se relajen los controles para las sociedades tanto nacionales como extranjeras y eso permita el ocultamiento de sus dueños, de los beneficiarios finales de sus negocios y la evasión. Macri ya intentó convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal en 2008, apenas asumió como jefe de Gobierno. Lo frenó la intervención de la entonces fiscala de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó, que logró una medida cautelar que dura hasta la actualidad. Ahora, desde el Gobierno porteño que comanda Horacio Rodríguez Larreta ya informaron que se preparan para avanzar en esta IGJ porteña, lo cuál revela que saben que el destino de esa cautelar es su anulación. La decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, que según pudo saber El Destape se apresta a cumplirle el deseo a Macri. La razón de ese deseo es sencilla: con la derrota asegurada en las próximas elecciones presidenciales, piensan en un reaseguro de sus negocios y los de sus amigos en la lógica que conocen: la de la evasión y el oscurantismo que permiten las guaridas fiscales.
10 años
Este plan offshore de Macri se remonta al 9 de octubre de 2008, cuando la legislatura porteña sancionó la ley 2.875 que creó un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas”. Este tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras, una IGJ porteña. El problema es que esa ley porteña chocaba con una ley nacional, nada menos que la Ley Cafiero que reglamentó los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires mientras esta sea la Capital y cuyo artículo 10 dice específicamente que la IGJ sigue bajo la jurisdicción del Estado Nacional.
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El 2 de febrero de 2009, la entonces fiscala ante la Cámara Comercial Gils Carbó presentó una medida cautelar para frenar esa ley. Es un dato clave para comprender el ensañamiento que tuvo Macri con ella una vez que llegó a la presidencia y se la encontró al frente de la Procuración General de la Nación. Macri, junto al Grupo Clarín y lo estudios de abogados de la city coordinaron una campaña de hostigamiento jurídico mediático contra Gils Carbó hasta que la empujaron a renunciar. El motivo del encono de Macri ahora se conoce; el de Clarín era porque Gils Carbó reveló la reestructuración fraudulenta de su deuda; el de los abogados de la city porque les desnuda los negocios espurios.
Respecto a la creción de la IGJ porteña, además de que violaba la Ley Cafiero (que es reglamentaria de la Constitución) Gils Carbó alertó: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”. En síntesis, que la intención de Macri era (y es) transformar Buenos Aires en Islas Cayman, Suiza o Delaware. Los beneficiarios son obvios.
La maniobra de Macri en 2008 tenía un sentido. En 2003 la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. Fue clave por entonces el trabajo de Ricardo Nissen al frente de la IGJ. Gils Carbó explicó: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. Es decir, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro.
Gils Carbó aseguró en 2009 que, de constituirse el nuevo organismo que pretendía Macri, “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.
La existencia de una guarida fiscal tiene consecuencias para los países. En concreto, los desfinancia, ya que su única razón de ser es ocultar dinero, patrimonios y beneficiarios finales de negocios muchas veces espurios. Gils Carbó lo resumió así: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. Este era el plan de Macri, frenado por Gils Carbó hace 10 años, pero que buscan reimpulsar.
Un país a medida
“Quieren transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal”, afirmó esta semana Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, en El Destape Radio. Pese a lo fuerte de la frase, los mismos medios que le dedicaron abundante espacio a hostigarla con causas judiciales inventadas hicieron silencio. Será que a su oficialismo en la era Macri suman sus propios intereses económicos ya que, por ejemplo, el Grupo Clarín tiene al menos 4 sociedades offshore en Delaware y sus accionistas repiten la práctica de utilizar guaridas fiscales hace décadas.
Pero no es la primera vez que los medios silencian el tema. Apenas Macri llegó a la presidencia la jueza Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que regía desde 2009. Tenía un interés: es subrogante y está concursando para quedarse con el cargo definitivamente. Era 2016, Gils Carbó era aún Procuradora General de la Nación y su lugar en la fiscalía ante la Cámara Comercial lo ocupó, por concurso, Gabriela Boquin. Otro nombre conocido para Macri, ya que es la fiscala de la causa Correo Argentino. Boquin apeló la decisión de la subrogante Marra Giménez y el tema llegó a la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa.
La cuestión quedó en manos de los camaristas Clara María do Pico y Rodolfo Facio. La otra jueza de la Sala I, Liliana Maria Heiland, se excusó. En lugar de tratar el fondo de la cuestión, es decir, si la ley para crear la IGJ porteña choca contra la ley Cafiero, Do Pico y Facio solo evaluaron si primero la fiscala Gils Carbó y ahora Boquin tienen legitimidad para intervenir en esto. No se pusieron de acuerdo y llamaron a un tercer juez, José Luis López Castiñeira.
Horacio Verbitsky recordó dos datos fundamentales para comprender quién es el juez López Castiñeira, que va a desempatar la cuestión. La primera, que fue uno de los jueces que otorgó la medida cautelar gracias a la cuál el diario La Nación no pagó impuestos bajo el argumento de que si se lo obligaba a pagarlos podían quebrar y eso ponía en riesgo la libertad de expresión. La otra, que hubo una denuncia respecto a que llegó a su cargo gracias a un concurso plagado de irregularidades y que eran habituales sus reuniones con el operador judicial Javier Fernández.
El voto de Lopez Castiñeira será clave.
Si vos querés
Si hay algo que no se puede decir de Macri es que no sea insistente con los temas que le interesan. Que Buenos Aires sea una guarida fiscal es uno de ellos.
Apenas comenzaron con la movida nombraron como director ad honorem este registro offshore a Jorge Vanossi, abogado que fue jefe de bancada del PRO y, como todo tiene que ver con todo, cuya esposa Isabel Piaggi fue una de las juezas que benefició a los Macri en la causa Correo. Vanossi duró poco: el 31 de marzo de 2009 renunció.
Una vía que buscó Macri para saltear la cautelar que le impedía crear la IGJ porteña fue a través del Congreso, donde el proyecto de traspaso de la IGJ a la ciudad llegó a tener dictamen de la Comisión de Justicia pero luego quedó empantanado.
Ahora, el dato de que Macri y Horacio Rodriguez Larreta quieren poner en marcha la IGJ porteña llegó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Al sindicato les dijeron que se prepararn para la puesta en marcha de este nuevo organismo. También que Rodriguez Larreta ya tiene preparado un DNU para firmar apenas se conozca la resolución de los camaristas do Pico, Facio y López Castiñeira a favor de los intereses de Macri.
"Parece que Rodriguez Larreta quiere sacar un DNU sobre la IGJ porteña donde la necesidad es ocultar la información y la urgencia es que se van del Gobierno", sintetizó esta semana Ricardo Nissen, ex presidente de la IGJ, en El Destape Radio.
No será la primera vez que Rodriguez Larreta intervenga en esto. Pese a que regía la medida cautelar, el 7 de marzo de 2016 firmó el decreto 195/16 por el que nombró a Hernán Emilio Najenson como director de esta IGJ trucha. Verbitsky informó que Najenson “es voluntario de la Fundación Boca Social, dirigida por María Ines Belloni, la esposa de Daniel Angelici”.
La designación de Najenson motivá una denuncia penal contra Rodriguez Larreta y su entonces ministro de Justicia Martin Ocampo. La radicó el Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra), a través de Ernesto Tricarico, y el fiscal Franco Picardi imputó al jefe de gobierno porteño. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi.
Pese a que la IGJ porteña aún está legalmente inactiva, Najenson presentó al menos un informe sobre su gestión. “En el transcurso del año 2016, el Registro Público se dedicó a la organización del organismo que recibirá las funciones de la IGJ así como también participó del desarrollo del proyecto de agilización de empresas, definido por el Jefe de Gobierno, como uno de los compromisos de gestión”, escribió Najenson. El informe relata que se reducirá el tiempo para crear una empresa. “Una empresa en 10 días”, es título, donde muestran como reducir de 14 a 6 pasos los trámites para hacer una sociedad. Menos trámites, menos controles.
El informe, para colmo, da cuenta de que Rodriguez Larreta destinó un edificio que, según las inspecciones oficiales, “demuestra la falta de mantenimiento preventivo. La vulnerabilidad en el sistema puede generar un riesgo para las personas ya que en caso de necesitarse en alguna emergencia no responderán adecuadamente”. No hay disponibles otros informes de gestión, pero parece que además de reducir los controles quieren meter los papeles en un edificio que, al menos hasta 2017, no estaba en condiciones.
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