Pese al silencio mediático, comienzan a moverse las fichas frente a la maniobra de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, tal como revelaron El Destape y El Cohete a la Luna. La fiscala general Gabriela Boquin denunció la complicidad entre los Gobiernos nacional y porteño para ejecutar este plan y solicitó que se suspenda el tratamiento del tema por parte de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, que se apresta a cumplirle el deseo a Macri. También recordó el rol en este tema que tuvieron y tienen aún dos figuras centrales de los tejes y manejes del macrismo en la Justicia: Germán Garavano, actual ministro de Justicia y por entonces Fiscal General porteño; y Pablo Tonelli, hoy diputado PRO y en 2009 Procurador General de la ciudad.
Tal como informaron El Destape y Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, entre hoy y mañana está previsto que los jueces de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa resuelvan sobre la medida cautelar que hace 10 años impide que Macri convierta a Buenos Aires en una guarida fiscal. El caso se inició en 2009, cuando la entonces fiscala general Alejandra Gils Carbó (cargo que hoy ocupa Boquin) logró una medida cautelar que bloqueó la ley 2.875 que creaba una Inspección General de Justicia (IGJ) paralela en la ciudad para saltear los controles de ese organismo a nivel nacional. En 2016, apenas Macri asumió la presidencia, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez levantó la cautelar, medida apelada por Boquin y que ahora está presta a resolución por la Cámara Contencioso Administrativa. La cuestión quedó en manos de los camaristas Clara María do Pico y Rodolfo Facio. La otra jueza de la Sala I, Liliana Maria Heiland, se excusó. En lugar de tratar el fondo de la cuestión, es decir, si la ley para crear la IGJ porteña choca contra la ley Cafiero que impide a la ciudad tener una IGJ, Do Pico y Facio solo evaluaron si primero la fiscala Gils Carbó y ahora Boquin tienen legitimidad para intervenir en esto. No se pusieron de acuerdo y llamaron a un tercer juez, José Luis López Castiñeira, que todo indica que desempatará en favor de Macri.
En el escrito que presentó hoy, al que accedió El Destape, la fiscala Boquin pide que se suspenda la decisión de los jueces Do Pico, Faci y López Castiñeira hasta que evalúen varios planteos nuevos que la misma fiscala hace en su escrito. Estos elementos nuevos están referidos a maniobras conjuntas entre el Gobierno Nacional y el porteño, vía el ministro Garavano, por las cuales avanzaron en la implementación de la IGJ porteña pese a que existía una medida judicial que lo impedía. Las acciones entre Macri y Rodriguez Larreta incluyeron el nombramiento de un funcionario a cargo de la IGJ fantasma, el trabajo conjunto entre esta IGJ fantasma y la IGJ nacional, la entrega de un informe de gestión pese a que el organismo no existe legalmente. Todo esto, dice Boquin, evidencia que Macri y Rodriguez Larreta avanzaron en la creación de esta IGJ porteña avasallando el sistema republicano y violando disposiciones judiciales.
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“La situación se ha tornado de tal envergadura e implica tal gravedad que hoy ameritaría un per saltum para que fuera la Corte quien resolviese la cuestión en forma directa”, plantea Boquin en un escrito al que accedió El Destape.
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La fiscala Boquin denuncia que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en la ejecución del traspaso de las competencias de la inspección General de Justicia al organismo creado por ley de la Legislatura porteña desconociendo la medida de no innovar vigente. Ello con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Recuerda el rol que tuvieron en este caso Garavano y Tonelli, que en 2009 revistaban en el Ministerio Público Fiscal porteño. Tanto Garavano, que era Fiscal General de la ciudad, como Tonelli, que era Procurador General de la ciudad, buscaron que la causa pasara a la Justicia porteña, obviamente para tenerla bajo control. Y que el de Garavano siguió como Ministro de Justicia donde, plantea Boquin, abandonó la defensa del Estado nacional y, a su vez, “colabora en la implementación de la operatividad del registro no obstante encontrarse el mismo suspendido en cuanto a su implementación por medida judicial firme”.
Tal como informó El Destape, la fiscala Boquin también remarcó la situación irregular del nombramiento que hizo Rodriguez Larreta de un funcionario al frente de la IGJ porteña pese a que no estaba en funcionamiento. Se trata de Hernán Najenson, hombre vinculado al operador judicial Daniel “Tano” Angelici. A Najenson, a la vez subsecretario de Justicia porteño, también se lo puede encontrar operando en el Consejo de la Magistratura de la ciudad y con el embajador de Estados Unidos Edward Prado, cuya tarea según sus propias palabras es modificar el Poder Judicial.
En 2016, apenas ejecutó ese nombramiento, fueron denunciados Rodriguez Larreta y su entonces ministro de Justicia Martin Ocampo. El fiscal Franco Picardi los imputó y la causa está en manos del juez Marcelo Martinez de Giorgi. La fiscala Boquin les envió un oficio para anoticiarlos de todas las irregularidades que encontró.
Boquin menciona también el informe de gestión 2016 que Najenson entregó a su superior, el entonces ministro Ocampo, y remarca que allí consta que firmaron un convenio entre esta IGJ porteña que no debía funcionar y la IGJ nacional, que depende del ministro de Justicia Garavano, para trabajar de forma conjunta. “Lo más grave -escribió la fiscal- es que los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación facilitaron información en relación a recursos humanos a un director de un ente que no podía estar en funciones por la medida de no innovar dictada en autos y que se encuentra plenamente vigente hasta la fecha”.
También, como informó El Destape, que incluso el informe de gestión evaluó un edificio donde funciona la propia IGJ nacional. “A tal punto llegó entonces la intromisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a esferas nacionales, que inspecciona y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le permite, un edificio donde se alberga el organismo nacional que controla, registra y archiva las sociedades constituidas en el extranjero, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles (entre ellas los clubes de fútbol) y fundaciones por ante el cual tramitan numerosas denuncias y expedientes de fiscalización de interés público”, explicó Boquin.
Respecto al inminente fallo de los camaristas Do Pico, Facio y López Castiñeira, la fiscal Boquin, en su escrito, dice: “Solicito que en la sentencia a dictarse se tenga en cuenta que más allá de los posibles cambios de gobierno propios de nuestro sistema democrático que puedan existir en el ejercicio de cada uno de los poderes, ello no puede conllevar a que se desconozca la división entre los mismos y el sistema republicano federal que se ve gravemente lesionado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo violenta, dictando una norma que crea un Registro Púbiico de Comercio que intenta vaciar de competencia a la Inspección General de Justicia y contradice lo expresamente dispuesto por el art. 10 de la ley 24588 -que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y lo que es más grave aún se encuentra intentando poner en la práctica una facultad que NO LE FUE DELEGADA por las provincias a través del Congreso de la Nación”.
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