Esta madrugada, el juez federal Claudio Bonadío tomó una serie de medidas en contra de ex funcionarios del kirchnerismo en el marco del memorándum de entendimiento con Irán. El juez dispuso la detención del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el referente de la comunidad islámica Jorge "Yussuf" Khalil y el dirigente piquetero Luis D'Elía. Asimismo, procesó al ex canciller Héctor Timerman y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Si bien las medidas de Bonadío apuntan al rol que tuvieron estos personajes en la investigación del atentado a la AMIA, fue él mismo quien tuvo un proceder deficiente en la causa que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.
En noviembre de 2005, la Cámara Federal había decidido apartar al juez debido a su falta de imparcialidad y por haber mantenido un doble rol: de magistrado y de sospechoso. En aquel entonces, Bonadío había citado a 37 personas a prestar declaración. Son aquellas a las que había señalado el Tribunal Oral Federal Nº 3 como supuestas responsables de urdir una verdad falsa, pagándole a Carlos Telleldín por su declaración contra Juan José Ribelli y otros cuatro policías bonaerenses.
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Entre las varias irregularidades que circulaban alrededor de Bonadío, la más significativa es por haber estado cinco años sin mover el expediente, beneficiando así a su colega amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA. Desde la justicia denunciaban que el Estado se había complotado para cerrar el caso con una verdad ajustada a su conveniencia política.
Desde la creación del Consejo de la Magistratura, se radicaron 51 denuncias contra el juez Bonadio. La mayoría (41) fueron desestimadas, ocho continúan en trámite y en las dos restantes el juez recibió sanciones disciplinarias.
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