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El proyecto que recibió el visto bueno de los diputados y fue girado al Senado para su sanción definitiva establece que funcionarios de los tres niveles (nacional, provincial y municipal) que hayan ejercido en los últimos cinco años no pueden blanquear. La prohibición alcanza a rectores de universidades, jueces, miembros de los poderes legislativos y defensores del Pueblo, entre otros.
Asimismo, establece en el artículo 83 que tampoco podrán ingresar al programa de "declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior" los "cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de los funcionarios con prohibición.
Lo que dice por omisión es que quienes sí pueden ingresar al blanqueo, entre los que se cuentan los hermanos, los hijos mayores de edad, primos y tíos, entre otros. Una larga lista de familiares directos que pueden poner la cara y declarar bienes evadidos al fisco.
La exclusión no es menor. En momentos en los que el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, apareció en la causa que involucra a Lázaro Báez como su socio en el frustrado proyecto de las empresas Kirchner y Cepernic y tras confirmarse que tenía una carpeta de cliente en la "Rosadita", un vínculo que aún debe investigarse hasta dónde llegaba, la puerta abierta a blanquear enturbia el debate.
También cabe remarcar que los titulares de concesiones de servicios públicos o ganadores de licitaciones para obra pública tampoco tienen prohibido ingresar al blanqueo.
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