Sucede que en el informe que la empresa le entregó la semana pasada Ministerio de Minería de San Juan, había certificado el derrame de 224.000 litros de solución cianurada en Veladero, aunque se había advertido que sólo se pudo contabilizar desde el momento que se cerró el ingreso del químico al circuito de lixiviación.
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No obstante, pese a que cuantificó ahora cerca de cinco veces más, aseguró que ese volumen "no ha generado un impacto para la salud de las personas".
La empresa también consignó que el derrame, detectado el domingo 13 de septiembre, "ocurrió debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de esa solución, que habría ocurrido aproximadamente a las 20 del sábado 12".
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Destacó que "el sistema de adición de cianuro se encontraba detenido desde las 5.05 del domingo 13 y no volvió a ponerse en marcha desde entonces". La detención de ese sistema se produjo a raíz de la orden de la Justicia penal de Jáchal, que investiga el derrame, y dispuso suspender los trabajos con cianuro en la mina hasta que no cumplan con las medidas de seguridad que les exigieron.
Los apoderados de la firma canadiense confirmaron que "la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia". "Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el río Potrerillos", afirmó la compañía, en sintonía con declaraciones recientes que realizó el juez penal Pablo Oitja, quien investiga si en el derrame hubo "negligencia humana", entre otras cuestiones.
Barrick también apuntó que "está en marcha una serie de prácticas operacionales, tareas de intensificación de inspecciones y controles preventivos".
Asimiso, indicó que el nuevo informe ha sido aportado por la compañía en las causas judiciales en las que la empresa ha sido notificiada y a la autoridad minera provincial.
En Buenos Aires, en tanto, el fiscal federal Ramiro González se sumó a las investigaciones del derrame, como hizo ayer su colega Federico Delgado, al imputar a funcionarios nacionales y de San Juan, y a directivos de la empresa Barrick por el derrame.
El fiscal González avanzó con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) contra el secretario de Minería, Jorge Mayoral; el presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y directivos de la Barrick.
Destacó que "el sistema de adición de cianuro se encontraba detenido desde las 5.05 del domingo 13 y no volvió a ponerse en marcha desde entonces". La detención de ese sistema se produjo a raíz de la orden de la Justicia penal de Jáchal, que investiga el derrame, y dispuso suspender los trabajos con cianuro en la mina hasta que no cumplan con las medidas de seguridad que les exigieron.
Los apoderados de la firma canadiense confirmaron que "la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia". "Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el río Potrerillos", afirmó la compañía, en sintonía con declaraciones recientes que realizó el juez penal Pablo Oitja, quien investiga si en el derrame hubo "negligencia humana", entre otras cuestiones.
Barrick también apuntó que "está en marcha una serie de prácticas operacionales, tareas de intensificación de inspecciones y controles preventivos".
Asimiso, indicó que el nuevo informe ha sido aportado por la compañía en las causas judiciales en las que la empresa ha sido notificiada y a la autoridad minera provincial.
En Buenos Aires, en tanto, el fiscal federal Ramiro González se sumó a las investigaciones del derrame, como hizo ayer su colega Federico Delgado, al imputar a funcionarios nacionales y de San Juan, y a directivos de la empresa Barrick por el derrame.
El fiscal González avanzó con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) contra el secretario de Minería, Jorge Mayoral; el presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y directivos de la Barrick.
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