El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que se levantó la huelga de hambre en todos los penales bonaerenses y remarcó que se trabajará para resolver la dramática situación del sistema penitenciario de ese distrito en una Mesa Interinstitucional de Diálogo convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak
En dos tuits, el mandatario analizó que "las cárceles bonaerenses se encuentran en una situación crítica" y detalló que su Gobierno decidió "avanzar desde el primer día de gestión en políticas que reviertan la crisis humanitaria que atraviesan".
Por ello, se trabajará en la Mesa Interinstitucional de Diálogo "junto a los demás poderes del Estado, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos para encontrar soluciones estructurales".
En este marco, la Suprema Corte de Justicia bonaerense convocó a todos los jueces, salvo los que estén de turno, para tratar esta dramática situación. El encuentro será el próximo viernes a las 11.
La Corte sostuvo que la convocatoria se efectuó "frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaldías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense" (SPB), en el marco de medidas tomadas por el máximo tribunal y el desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Diálogo conformada el 19 de diciembre.
En su discurso de asunción, Kicillof planteó que en la actualidad hay 49.567 internos para 24.000 plazas, lo que evidencia una situación de sobrepoblación inmensa. En 2005, la provincia había registrado su pico histórico de encarcelamiento con 30.970 personas privadas de su libertad, más 6.035 que estaban en comisarías.
Tal como publicó El Cohete a la Luna, en 2005 llegó el fallo Verbitsky, por una interposición realizada por el Centro de Estudios Sociales y Legales, por el que la Corte pidió disminuir la superpoblación. Así, durante la gobernación de Felipe Solá el número de detenidos en las comisarías llegó a reducirse a 875 y su sucesor, Daniel Scioli, llegó a llevar el número a 771 en 2013. Sin embargo, a partir de ese año, empezó a subir.
Según Casación provincial, en diciembre del año pasado registró 52.944 personas bajo su tutela, dentro de las cuales están quienes tienen arresto domiciliario, pero representan un número poco significativo. Hoy, en las penitenciarías provinciales, el 51% de los recluidos tiene condena firme pero el 49% está con prisión preventiva o con una condena en proceso de apelación.
Según relató la periodista Luciana Bertoia, en agosto de este año se registraron 3870 detenidos en comisarías, pero sólo había plazas para 1307. Muchas de ellas alojaron personas aún estando clausuradas. Casación informó que, al 30 de junio de este año, eran 102 las comisarías en este estado, de las cuales 32 lo fueron por orden judicial, 38 por decisión ministerial y 33 por ambas. Pese a ello, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) constató que estas dependencias inhabilitadas siguieron funcionando para alojar personas y contabilizó 921 detenidos y detenidas en ellas.
A esta condición de hacinamiento se sumó la falta de provisiones de alimentos, que derivaron en la huelga de hambre que culminó hoy. En ese contexto, la Corte provincial recomendó que el Ejecutivo no aloje detenidos en comisarías clausuradas, que los jueces deben hacer uso racional de la prisión preventiva y prohibió mantener en estas dependencias a menores de edad, enfermos y mujeres embarazadas, entre otros puntos.
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