Tras un extenso debate en un plenario de comisiones, en el que expusieron integrantes del Gobierno, el bloque de Frente de Todos de la Cámara de Diputados logró firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.
Tras intensas negociaciones que ocurrieron en la trastienda del debate, el Gobierno aceptó algunos cambios que reclamaban los sectores afectados por la reforma de los regímenes especiales, y que la oposición de Juntos por el Cambio respaldaba.
Las concesiones fueron ratificadas durante las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, del titular de ANSeS, Alejandro Vanoli, y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que fueron los primeros oradores del debate.
El proyecto del Gobierno eleva del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y eleva la edad jubilatoria a los 65 años, aunque finalmente, y producto de las negociaciones, el incremento quedó solo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025.
Durante el debate, desde Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en contra de la iniciativa porque, argumentaron, mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”. Por eso, manifestaron que defenderán "con firmeza y claridad los principios de la división de poderes y el valor de la República”.
Lo curioso es que hace sólo un mes ese espacio político cuestionó "al oficialismo por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".
Según el texto explicativo del proyecto, la jubilación ordinaria más alta del Poder Judicial es de $770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado por el sistema previsional y más de siete veces el haber máximo del mismo. Este régimen tiene un déficit entre los ingresos y erogaciones de privilegio de $ 1.500 millones.
En tanto, los diplomáticos tienen un haber máximo de $616.476, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado seis veces el haber máximo de dicho sistema previsional. En este caso, el déficit es de $ 240 millones.
La masa total de gasto en jubilaciones de ambos regímenes es de $ 2.300 millones. Si estos jubilados pasaran a cobrar una jubilación mínima, el Estado tendría que erogar solamente 108 millones de pesos.
Cerrar sesión