Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, se negó a tratar el pedido de libertad de Amado Boudou. Como es la autoridad de la feria judicial extraordinaria que el máximo tribunal decretó, resolvió solo y le envió su decisión al Tribunal que condenó al ex vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión.
Boudou presentó en las últimas semanas varios pedidos ante el máximo tribunal, en especial a partir de que El Destape revelara que el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Paul Vandenbroele, testigo clave para su condena. Los escritos ante la Corte, presentados por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, reclamaron que se anule la condena a Boudou, que se haga un nuevo juicio, que pueda afrontarlo en libertad y que se cumpla con los propios fallos de la Corte, que dicen que una persona no puede estar detenida hasta que una sentencia firme diga que es culpable. El 17 de marzo reclamaron su libertad ante la emergencia sanitaria y penitenciaria generada por el coronavirus, pero la Corte le mandó el pedido al Tribunal que lo condenó y este pidió medidas para ver si el ex vicepresidente estaba dentro de los grupos de riesgo. Ayer por la mañana Rua y Peñafort habian presentado otra petición de pronto despacho para que no sigan demorando las resoluciones por la libertad del ex vicepresidente.
Al establecer la feria judicial extraordinaria la Corte Suprema detalló los temas sobre los que “se deberá tener especialmente en consideración”. En materia penal, dijeron que había que resolver “cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas”. Los cortesanos dejaron a Rosenkrantz a cargo. Al resolver el caso de Boudou, Rosenkrantz dice que “no se configuran los presupuestos establecidos” por la propia Corte. Parece que la consideración con las personas privadas de libertad es selectiva, pero eso no lo escribieron.
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“Pedimos que la Corte Suprema haga lo que ya hizo. Que aplique su propia doctrina. Que resuelva. Y que saque a Boudou de la situacion de riesgo en la que esta por la arbitraria e irresponsable conducta del propio Poder Judicial. Liberen a Amado Sres jueces. Dejen de demorar”, escribió Peñafort ayer en su cuenta de Twitter. Rosenkrantz esta vez no demoró, pero pisoteó la jurisprudencia de la Corte e incluso las reglas de la actual feria extraordinaria y le negó la libertad a Boudou.
En el caso de Boudou y de otros presos políticos la Corte no cumple siquiera con sus propios fallos. En uno muy reciente, del 26 de diciembre de 2019, cuando absolvió a dos mujeres que pasaron 11 y 14 años presas, el máximo tribunal del país fue categórico: “toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”. En el caso de Boudou, está preso sin sentencia firme y, tal como reveló El Destape, el juicio estuvo viciado por al menos 2 motivos. Uno, el testimonio clave de Vandenbroele tuvo como contraparte el pago de una cifra millonaria por parte del gobierno de Mauricio Macri. Dos, uno de los jueces que lo condenó, Pablo Bertuzzi, estaba negociando su pase a camarista federal, otorgado via decreto por Macri. El propio presidente Alberto Fernández remarcó durante la campaña electoral que esta situación era irregular. Bertuzzi sigue en su cargo a tiro de decreto; Boudou sigue preso por decisión de la Corte.
Durante el juicio, los abogados de Boudou pidieron tener acceso al legajo de Vandenbroele en su doble beneficio de arrepentido y Testigo Protegido pero se los negaron. Apoyaron su reclamo con un amicus curiae de Julio Maier, uno de los juristas más prestigiosos del país, que escribió que “no solo la defensa tiene derecho a valorar en el juicio el acuerdo logrado (…) y todos los extremos que hacen a su credibilidad y validez, sino, además, que el tribunal debe hacerlo. Más aún cuando se sostiene la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, que implica una intervención prohibida según la misma Constitución Nacional”. Nada fue suficiente. Los abogados de Boudou recién pudieron leer los documentos que prueban como el gobierno de Macri direccionó la declaración de Vandenbroele cuando los publicó El Destape.
Ahora los abogados de Boudou comenzaron a trabajar en un pedido de juicio político contra Rosenkrantz, aunque no descartan ampliarlo al resto de los cortesanos que, antes de esta situación extraordinaria, también cajoneaban los pedidos de libertad de Boudou.
Todo indica que si Boudou es culpable de algo es de haber tocado intereses de grupos económicos muy poderosos. Muchos de ellos clientes del propio Rosenkrantz, que según reveló Horacio Verbitsky decidió que pueden convivir su rol como presidente de la Corte Suprema y su trabajo como representante legal de las corporaciones.