El 27 de julio de este año se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°702/2018, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y que modifica el régimen de asignaciones familiares. Específicamente, se disminuyó el tope máximo de ingresos netos necesarios para acceder a dicho beneficio. De este modo, una gran parte del universo de trabajadores registrados que hoy recibían el beneficio se quedó automáticamente sin la posibilidad de acceder a la prestación por hijo.
Como parece que ese ajuste no era suficiente, el mismo decreto anuló además el valor diferencial de las asignaciones familiares establecido para las cuatro zonas geográficamente más desfavorables de la Argentina. De este modo, el gobierno dejó sin efecto una de las pocas políticas diferenciales que tiene la Argentina y que permite tener en cuenta las brechas de desarrollo que existen en las regiones de nuestro país.
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De acuerdo a información que se encuentra en los Anexos del Decreto, se producen disminuciones de hasta el 75% en el valor de las Asignaciones Familiares. Para tener idea del impacto, si tomamos un trabajador medio de la ciudad de Rivadavia, provincia de Salta, va a cobrar $1577 menos por hijo por mes y un trabajador medio de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, va a cobrar $1829 menos.
Desde el espacio que conformamos los gobernadores, legisladores e intendentes que integramos Argentina Federal advertimos inmediatamente el error en el que había incurrido el gobierno al tomar esta injusta, insensible e inequitativa decisión.
¿En qué nos basamos? En primer lugar, no se entiende el cambio en la política de asignaciones. Por eso, al momento de presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para derogar el decreto los diputados de nuestro interbloque nos preguntábamos si existía en algún lugar un informe del Ejecutivo que sostenga que las zonas delimitadas existentes han abandonado su situación de vulnerabilidad y han progresado económicamente de manera tal que merece que sus trabajadores cobren la mitad por asignación por hijo. La respuesta parece obvia: por supuesto que no.
Asimismo, no entendemos la política del Ejecutivo de dejar sin la protección del Estado a uno de los sectores de la sociedad más importantes: los niños. Más aún, teniendo en cuenta que según datos del INDEC uno de cada tres chicos argentinos es pobre. Y, si analizamos por edad, podemos observar que el número se extiende al 40% en el caso de los menores de 14.
En el medio de las idas y vueltas del Gobierno está la angustia y la desesperación de las miles y miles de familias argentinas que viven en las situaciones más difíciles y que tienen en estas asignaciones familiares diferenciales la posibilidad de tener mayores recursos. Mayores es una forma de decir, porque aún con estas asignaciones no se alcanza a compensar sus diferencias sociales, educativas, de infraestructura y oportunidades de trabajo.
El hecho de que el gobierno nacional haya tenido que emitir el decreto 723/2018 que suspende por 30 días la medida nos dio, en parte, la razón pero no vamos a dejar de trabajar para que la medida quede anulada por completo. Nos preocupa que el gobierno tome como costumbre la técnica del “si pasa pasa” y que, casualmente, siempre perjudica a los más vulnerables.
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