La demanda contra el Consejo de la Magistratura que inició un concursante que pretendía llegar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal –la segunda instancia de Comodoro Py- a través del concurso Nº 212, desnuda las maniobras del Gobierno para blindar a los jueces que nombró con discrecionalidad.
El puesto en cuestión es el que quedó vacante tras la controvertida destitución de Eduardo Freiler. Quien quería llegar allí era el ultra polémico Esteban Montanaro, ex juez denunciado y actual abogado, que venía de integrar una lista de postulantes con Julio César Báez, Javier López Biscayart y Mariano Llorens para ocupar la extensa vacante que había dejado Gabriel Cavallo en la Cámara Federal. El elegido por Macri entre esas opciones–que se había girado al Ejecutivo el 23 de noviembre de 2017- fue Llorens, cuyo acuerdo para el Senado se pidió el 6 de febrero pasado.
Pero el desplazamiento de Freiler se había producido seis días antes, el 17 de noviembre. El oficialismo con su mayoría automática en el Consejo y luego vía un decreto presidencial decidió que su reemplazante sea Leopoldo Bruglia, hasta entonces juez de Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital Federal. Se trató de un traslado a dedo que fue muy cuestionado por la oposición ya que el magistrado no concursó para el cargo. Montanaro –que llegó a reprobar un examen psicotécnico cuando era juez, más de una década atrás, y ahora llegó a un concurso para camarista- reclama que aquella vacante se resuelva entre quienes habían concursado para el cargo previamente.
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La maniobra de traspasos, que se volvió habitual para el oficialismo, fue cortada de cuajo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2018 y ratificada luego en la 7/2018. No obstante, lejos de abandonar el cargo, Bruglia es férreamente respaldado por el Gobierno.
Ante este escenario, Montanaro requirió que se considere nula la designación de Bruglia por “carecer de las condiciones reglamentarias previstas por el Reglamento de Traslados de Magistrados, y designación y acuerdo del PEN y del Senado Nacional para la competencia en razón de la materia para cubrir dicha vacante”. Sostiene, previa cita de la acordada cortesana, que se violaron “los procedimientos legales, reglamentarios y constitucionales”, algo que se viene planteando también con el traslado de Carlos Mahiques de la Cámara de Casación Penal ordinaria a la federal. Hasta alguien a quien se consideró “no apto” para el cargo de juez, según un estudio que se hizo público en 2005, observó la irregularidad.
La demanda cayó en el juzgado Contencioso Administrativo Nº 4, a cargo de Rita Ailan, quien se excusó de abordarlo porque tiene dos denuncias en la institución demandada: el Consejo de la Magistratura. La utilización por parte del oficialismo de los expedientes que tramitan en el órgano que selecciona y sanciona magistrados para presionar se volvió moneda corriente.
El caso se volvió a sortear y cayó en manos de Enrique Lavié Pico, quien no tuvo el mismo prurito que Ailan. Hasta el momento no se excusó a pesar de también estar denunciado en el Consejo. Las relaciones de fuerza a su favor son distintas. La acusación contra él la formuló Elisa Carrió y fue por favorecer, en una causa vinculada a los bingos, a Daniel “Tano” Angelici, sindicado por la propia “Lilita” como operador judicial del PRO.
En el consejo no son pocos los que descuentan que Lavié Pico fallará a favor de los intereses del Gobierno.
El antecedente
Ailán ya había actuado de una forma similar al rehusar tomar otra demanda contra el Consejo que tenía por protagonista a Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal nombrado a dedo por el macrismo. El consejero instructor de las denuncias en su contra es Juan Bautista Mahiques, hijo de Carlos.
El 19 de marzo pasado se publicó en el Boletín Oficial la información sobre el concurso Nº 396, que impulsa el Consejo de la Magistratura, para cubrir la vocalía de la sala III de la Casación porteña, que es el cargo que Mahiques padre dejó vacante. Carlos –ex ministro de María Eugenia Vidal en la Provincia- aparece como jurado para evaluar a los concursantes cuando está siendo fuertemente cuestionado. Se le exige que deje la Casación Federal y vuelva al cargo que abandonó.
La asociación civil AJUS La Plata, Berisso y Ensenada había solicitado una medida cautelar contra el Consejo para que suspenda ese concurso. El 22 de marzo, Ailan se excusó de tomar el caso por las denuncias en su contra.
El expediente se sorteó nuevamente y recayó en el juzgado de Lavié Pico quien, en esta ocasión, fue recusado -se temía que favoreciera al oficialismo-. El caso cambió de manos (pasó al juzgado Nº 5) y si bien no tuvo novedades estridentes avanza en la Justicia.
Así las cosas, desde que llegó Mauricio Macri a la presidencia a la actualidad la Cámara Federal cambió radicalmente su conformación. El único de los cuatro camaristas que había en 2015 y quedó en pie fue Martín Irurzun (hacedor de la doctrina por la cual cualquier funcionario del gobierno anterior es culpable hasta que se demuestre lo contrario). Entonces ya habían dos vacantes.
A “Doctrina” Irurzun se agrega el mentado Bruglia. A ellos, si el Senado no pone trabas, se sumará en breve en la instancia revisora de Comodoro Py, Mariano Llorens.
Es que en un doble juego, mientras blinda a los suyos, el Gobierno avanza en el armado de una Cámara Federal nueva.
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