Así aprieta el Gobierno a los testigos protegidos

La avanzada judicial contra el kirchnerismo no conoce límites para el macrismo que utiliza el Programa Nacional de Protección de Testigos, a cargo de Germán Garavano, como una herramienta de apriete para que quienes están bajo su “cuidado” declaren contra ex funcionarios del Gobierno anterior. Privilegios para Leonardo Fariña por seguir un guión armado contra el kirchnerismo, aprietes o sugerencias al chofer de los cuadernos, Oscar Centeno, negociaciones entre Patricia Bullrich e Ibar Pérez Corradi para extraditarlo a la Argentina, tal como pudo averiguar El Destape. Por si fuera poco, el sistema está repleto de agujeros que lo hacen vulnerable y ponen en riesgo a todos sus integrantes.

La dinámica es sencilla: un testigo de una causa judicial que se considera potencialmente en peligro puede ingresar a este Programa si es ordenado por un Juez. Según la ley, una persona no puede estar más de seis meses bajo esta protección. Durante ese tiempo tiene que poder ser relocalizada con nueva identidad, en una ciudad segura y con trabajo para poder seguir con su vida “normalmente”. Sin embargo, no sólo no se cumplen los tiempos sino que muchas personas son “abandonadas” por el sistema que depende del Ministerio de Justicia y, en otros casos, los más clave, apretadas para testificar según la conveniencia del gobierno de Mauricio Macri.

Frente al juez Alejo Ramos Padilla, en la causa que investiga una red de espionaje ilegal, el ex SIDE, Rolando Barreiro, manifestó que en la causa DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), Mariano Martínez Rojas – empresario que vació el Grupo 23 de medios - “le dijo que fue presionado por el Programa, para que cambie la declaración, por nombres de gente del gobierno anterior”. Según dijo Barreiro, el hombre le recomendó: “No te metas en el Programa de Protección de Testigos porque te van a pasar un montón de cosas, y a parte yo veo cómo viven, viven igual que yo, pero con una tele, yo no tengo una televisión y ellos sí, esa es la diferencia”.

Uno de los hombres clave en este entramado de aprietes es Carlos Linsalata, que trabajó en la Aduana con Juan José Gómez Centurión y es subcomisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entró por la puerta trasera al Programa de Protección de Testigos e Imputados. En los papeles formales, no dejó de ser parte de la fuerza de seguridad porteña y nunca figuró como empleado del Ministerio de Justicia, aunque El Destape pudo corroborar que trabajó allí y que fue operador de testigos protegidos en casos clave, como el de Oscar Centeno y el de Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner. Cada testigo tiene su operador, a quien recurrir, quien le brinda asistencia y es el encargado de cada una de las acciones que se realicen para resguardarlos.

Según pudo saber este medio, Linsalata - que fue expulsado de la Comisión externa del Programa en abril, casi un año después de ingresar - fue el operador político encargado de otorgar “pautas” o sugerencias a los testigos bajo su cuidado para declarar de acuerdo a los intereses judiciales y políticos del Gobierno. Estos lineamientos podían ser sutiles o “guionados, como los de (Leonardo) Fariña”, según confió una fuente cuya identidad se mantendrá reservada por una cuestión de estricta seguridad. En caso de cumplir con estos designios, los testigos podrían entrevistarse con el Ministro - como ocurrió en el caso del hombre del rodete - y mejorar su situación, su estilo de vida. Los beneficios son más que nada de este tipo pero no procesales.

En uno de los documentos a los que accedió El Destape, no sólo se corrobora que Linsalata formó parte del Programa sino que era operador de casos de gran magnitud. Tal como se puede observar, aquí se le asignan los viáticos correspondientes para ir a visitar a Oscar Centeno a la “casa segura” (como se denominan a los hogares secretos donde se albergan las personas protegidas) en El Bolsón. 

El caso Centeno

Oscar Centeno fue el chofer de Roberto Baratta y, según denunció, documentó durante años cómo el kirchnerismo cobró coimas. Ésto lo registró en una serie de cuadernos que nunca existieron porque él mismo declaró que los quemó y sólo quedaron fotocopias publicadas por La Nación y replicada hasta el hartazgo por medios oficialistas.

Norberto Frontini fue abogado de Centeno durante la causa del Gas Natural Licuado (GNL) e incluso lo representó ante una situación de extorsión que denunció haber vivido por parte de su ex pareja. Según contó a El Destape, el 1 de agosto de 2017 recibió un llamado de quien se identificó como la mujer actual del chofer y le manifestó que Oscar había pedido que él lo defienda porque había quedado detenido.

Según manifestó el defensor a este medio, siempre pensó que se trataba de la causa de GNL. Al día siguiente fue a Comodoro Py, presentó un pedido de excarcelación que no le aceptaron y no le permitieron ver a Centeno. “Estuvo como 20 minutos en la Alcaldía”, él sin poder verlo. Luego, lo subieron al despacho de Claudio Bonadio al que, más tarde, ingresó el fiscal Carlos Stornelli. Estuvo más de una hora dentro de la oficina sin su abogado defensor. Al finalizar el encuentro, salió un secretario que, sin más explicaciones, le dijo que el chofer tendría un defensor público, explicó Frontini.

Por su importancia como testigo, Centeno entró al Programa y lo trasladaron, con custodia, a El Bolsón. Sin embargo, es tal el descontrol y poca seguridad de esta Dirección que comenzó a circular una foto del protegido, cuando debería ser completamente secreta.

Misteriosamente, en abril de este año – justo en el mismo mes que Linsalata abandona el Programa - Centeno recordó que tenía “nuevos cuadernos” con más anotaciones. El hombre fue escoltado por “Los lobos”, pertenecientes al Servicio Penitenciario y custodia del Programa de Protección de Testigos, al despacho de Bonadio donde presentó nueve carillas, en este caso originales, y de las cuales afirmó ser su autor. Allí, según dijo, había nuevos datos vinculados a la causa por presunto pago y cobro de coimas.

Fariña, protegido VIP

Leonardo Fariña fue conocido como "el valijero" en lo que se llamó "la ruta del dinero K". El ex esposo de Karina Jelinek aseguró ante la Justicia que "Lázaro Báez guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios (con la obra pública)”, según declaró el 8 de abril de 2016 ante el juez Sebastián Casanello. Según estimó Fariña, Báez habría lavado unos "77 millones de dólares" después de la muerte de Kirchner.

El imputado colaborador en la causa de lavado de dinero ingresó al Programa de Protección de Testigos por estas declaraciones y hace más de dos años forma parte del mismo, muy excedido del tiempo permitido por la propia ley.

“No te aprietan, te sugieren lo que tenés que decir y, si lo hacés, vas a hablar con el Ministro”, en referencia a Garavano, confió una fuente en off a este medio. El encuentro de Fariña con el titular del Ministerio de Justicia fue confirmado.

La reunión, efectivamente, llegó. En una entrevista a Perfil, Fariña confesó: “Llego al ministro de Justicia solicitándole un favor al periodista Luis Majul”. El protegido remarcó que “esa reunión está registrada” y participó su abogada, Giselle Robles. “La reunión fue el 28 de junio de 2016”. El mismo Garavano lo confirmó: “Yo tuve dos reuniones con Fariña, una hace más de dos años y otra más recientemente, por temas exclusivamente vinculados al programa de protección de testigos a requerimiento de él”.

Por una cuestión lógica, los protegidos deben mantener un estilo de vida relativamente similar al que tenían, pero el Programa, según pudo averiguar El Destape, no debe pagar mansiones ni autos lujosos o gastos exorbitantes. Lejos de ello, Fariña no sólo goza de grandes privilegios - muy diferentes al de otros testigos - sino que también es beneficiario de la prepaga OSDE, de las más caras, con una cuota de más de $9.000 mensuales. Ésto es algo que él negó, incluso a este medio, pero los papeles indican lo contrario. Los testigos no tienen obra social, van a hospitales públicos pero el hombre del rodete entró al grupo VIP.

Al menos hasta enero de este año, Fariña estuvo afiliado a esa prepaga pero “a nombre de la Sra. Palumbo Andrea Mónica”. En un documento oficial del Programa, al que accedió El Destape, se especifica que en la afiliación “se sigue manteniendo el nombre de la actual pareja del testigo en la factura de la cobertura médica como medida de protección a los efectos de no dar a conocer el domicilio del Sr. Fariña, Leonardo y mantener en confidencialidad la dirección de su actual domicilio”.

“Si vos cumplís, te dan ciertos beneficios en cuanto al estilo de vida. Lo procesal ya es más complejo”, amplió la fuente. En este caso, la obediencia de “el valijero” podría ser la razón de su libertad para hacer lo que guste, como ir a medios de comunicación (lo cual está prohibido por la ley por una cuestión de seguridad) o mantener una vida muy costosa, lejos de las erogaciones que se le hacen al común de los protegidos.

Pérez Corradi, Bullrich, D’Alessio y una “Morsa” que no fue

Ibar Pérez Corradi, detenido por tráfico de efedrina, se mandó a hacer una remera con la leyenda “programa de desprotección de testigos”. El farmacéutico está dentro del Programa y detenido en Marcos Paz luego de ser extraditado del Paraguay al prometer que iba a brindar información que no dio, o que no sirvió a los intereses del Gobierno, y de ser un testigo estrella pasó a una categoría inferior.

Por llamado del ministro Germán Garavano, el Programa de Protección de Testigos viajó a ver al Pérez Corradi detenido - fue en junio de 2016 - sin un oficio judicial. Del viaje participó el Ministerio de Seguridad con la figura de Pablo Noceti. Ya extraditado, con un impresionante operativo que incluyó a las fuerzas de la cartera conducida por Patricia Bullrich e inteligencia, según informó Carlos Broitman, abogado del detenido a El Destape, el hombre terminó en el Edificio Centinela, donde fue asistido por el Programa del Ministerio de Justicia.

“Yo tengo un acuerdo con el Gobierno, yo tengo un acuerdo con el Gobierno”, confiaron a este medio que decía Pérez Corradi. El detenido por narcotráfico hacía referencia a un documento con la firma de la ministra Patricia Bullrich, al que accedió El Destape, por el cual la funcionaria se comprometió a “no alojar al imputado en ninguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal o del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires en la medida que la naturaleza de la información que pudiera brindar, en el marco de las causas por las que se encuentra imputado en la República Argentina, amerite la exclusión del régimen habitual de alojamiento en las dependencias referidas, en resguardo de su integridad”.

Además, adentrándose en un área que no le compete, ya que es del Ministerio de Justicia, aseguró “que la Señora María Gladys Delgado Britez (esposa de Pérez Corradi, que lo visita todos los meses con costos pagos por el Ministerio de Justicia) y sus cuatro hijos serán acogidos por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados” dependiente de la cartera de Garavano.

Lo llamativo no sólo es que Bullrich se entrometió en las funciones y competencias de otro Ministerio (ella es Seguridad, no Justicia) sino que, además, sólo un juez puede ordenar dónde irá una persona detenida y sólo un juez puede indicar que ingresará al Programa de Protección de Testigos.

¿Cuál fue la diferencia con otros testigos? De Pérez Corradi querían el testimonio que implicara a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez, lo cual no hizo. Fue así que terminó en el penal de Marcos Paz, en un pabellón armado supuestamente para testigos protegidos. Actualmente, según confirmó su abogado a este medio, está en huelga de hambre porque “la comida que mandan no está en condiciones de ser comida y porque el Programa de Protección a Testigos no me da la comida que por Ley debe dar”.

Vulnerabilidades que ponen en riesgo a todos 

El sistema que debería ser completamente seguro ya que debe resguardar la integridad y datos de testigos de causas sensibles, ya sea narcotráfico, trata, corrupción u otros, está en peligro. Con un simple análisis, El Destape corroboró que hay 17 vulnerabilidades encontradas en el mismo.

Como se explicó en otras notas publicadas por este medio, esas vulnerabilidades son como un agujero en la reja que protege a una casa: cualquiera puede entrar si no se las arregla. Estos agujeros no sólo ponen en riesgo a quienes trabajan dentro del Programa, sino a quienes deben ser protegidos y cuidados, ya que cualquiera podría aprovechar los huecos para obtener información.

Una de las fallas alertó que se "podría ejecutar un código arbitrario con los privilegios del proceso principal mediante la manipulación del tablero de indicadores". Otra de ellas advirtió que "la ejecución de código en procesos o subprocesos secundarios menos privilegiados (incluidos los scripts ejecutados por un intérprete de scripts en proceso) podría ejecutar un código arbitrario con el Privilegios del proceso padre (generalmente root) mediante la manipulación del cuadro de indicadores". Básicamente, trabajadores y protegidos están en riesgo.