El ministro Juan José Aranguren resultó imputado por la Justicia tras haber firmado un sospechoso convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Venado Tuerto, que a la vez subcontrató a una Asociación Civil de Santa Fe, cuyos empleados resultaron ser jubilados de entre 70 y 90 años de edad, en su mayoría residentes de otras provincias.
El fiscal Franco Picardi impulsó la investigación contra el ministro de Energía y pidió que se investigue a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto ATEVE, contratada por el ministerio para la "coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo", con el particular que los fondos no fueron depositados en la cuenta bancaria de la UTN, sino en la de la propia ONG, algo completamente fuera del marco regulatorio. En total, se facturaron más de 19 millones: 14 por el contrato, otros 4 por una prórroga, y más de un millón y medio por "gastos administrativos".
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Además, al revisar la nómina de los empleados afectados en dicho contrato se encontraron más irregularidades: jubilados de más de 70 años de edad, personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa y hasta empleados de otros ministerios del Estado.
Como si esto fuera poco, en el Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas no surge ningún convenio entre el Ministerio de Energía y la asociación ATEVEN ni con la regional Venado Tuerto de la UTN, por lo que Aranguren tendrá dificultada la posibilidad de justificar el sospechoso convenio.
La denuncia fue presentada a comienzos de septiembre por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien recientemente denunció los manejos del ministro de Energía y los comparó con una causa calcada: Río Turbio, por la que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se encuentra detenido.
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