El fiscal federal Carlos Stornelli define si amplía la investigación por los aportantes truchos a la campaña 2015 de Cambiemos, en medio del deseo del Gobierno por "cercar" la investigación a solo un delito electoral y no una causa de lavado de dinero, como investiga actualmente la Justicia federal.
Además, el Gobierno busca quitarle la causa a Sebastián Casanello, un magistrado al que no consideran de confianza, y que la investigación quede circunscripta a los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, se multiplican las denuncias en el interior de la PBA gracias a las denuncias de los cientos de falsos aportantes que se acercan a las fiscalías a decir que ellos no pusieron el dinero que figura en los registros oficiales.
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Según informó el matutino Ámbito Financiero, será la semana que viene cuando la Justicia electoral girará todos los hallazgos al juzgado electoral bonaerense a cargo de Adolfo Ziulu. La estrategia del oficialismo es plantear que no es Casanello quien debe tramitar la investigación sino el propio Ziulu. Una hipótesis en confirmar que los aportes "figurados" no excedían su eventual ingreso con lo que no incurriría en erogaciones incongruentes con ingresos. Lo que obviaría esa presunción es que muchas de esas personas ya negaron haber puesto el dinero, por lo que la investigación debería buscar quién es el verdadero aportante.
Precisamente, ahí está la gran preocupación del Gobierno: que la causa quede encorsetada como una infracción del Código Electoral y no como un delito de lavado de dinero. Una causa de ese tenor podría tener como consecuencia la inhabilitación de candidaturas. La presidenta del PRO bonaerense es la propia gobernadora María Eugenia Vidal.
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