Los representantes gremiales en la obra social IOMA evitaron un millonario desvío de fondos desde la entidad de la salud bonaerense al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los representantes de Vidal en la obra social pretendían entregar a la administración porteña 238.978.634 de pesos por el pago de juicios aún en trámite por supuestos servicios prestados. Desde la oposición en el directorio del IOMA denuncian que se trataba de un estafa pergeñada por un Gobierno que en semanas deberá dejar el poder. Por demoras en la obra social, al menos tres pacientes había muerto a la espera de que le entreguen los medicamentos.
La aprobación logró ser frenada hoy en la reunión de directorio en que se tenía previsto el tratamiento. La vocal ante el directorio en representación de los trabajadores de la Educación Paula Espiño había presentado una nota advirtiendo que el desvío de fondos configuraba un delito penal. A su vez desde la representación de SUTEBA y UPCN se negaron a dar quórum a la reunión que necesita de un representante gremial para poder hacer aprobaciones. La presidencia de IOMA entonces designó a un representante de la policía -banca que no se cubría hace 10 años- para lograr el quórum, sin embargo la presión llevó a que el intento de desvío de fondos caiga.
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El presidente del IOMA, Pablo Di Liscias, había incorporado a tratamiento del Directorio de IOMA el expediente donde pretendía la autorización para firmar un convenio con el gobierno de la Ciudad en el cual el obra social se comprometía a pagar por los juicios que no tienen sentencia. La fecha de presentación no es azarosa: 9 de octubre, luego de perder las elecciones primarias por más de 16 puntos ante el candidato al Frente de Todos, Axel Kicillof.
"Lo que nosotros preguntábamos era por qué quería hacer esta entrega de dinero si no había una sentencia y si el origen era dudoso. Si se hubiera hecho entonces sería un desvío de fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", afirmó a El Destape Mariana Moltieri, Secretaría de Salud del gremio Suteba.
La oposición en el directorio alertó que el convenio responde supuestamente a una presunta deuda del IOMA con el gobierno de la Ciudad que se encuentra judicializada en procesos que datan del 2009/2013/2014/2014 y que ninguno tiene sentencia ni siquiera en primera instancia. Además agregan que "la deuda no está consolidada y su origen es dudoso".
En el convenio no se especifican cuáles son las prestaciones que dio el IOMA y que fueron judicializadas. Además se establece un pago de honorarios a abogados del gobierno de la Ciudad por $29.872.329. El expediente fue aprobado por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires y, si era aprobado. hubiera signicado una carga para el próximo gobierno: iba a ser abonado en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $29.872.329.
Como es una disputa judicial entre estados, el porteño y el bonaerense, la Corte Suprema era el único tribunal competente para dar sentencia, tal como lo establece el artículo 116 de la Constitución Nacional. "Se le quería pagar al gobierno porteño por procesos iniciados en jurisdicción de CABA que no podían ser validos", explicó Moltieri.
En la reunión de directorio se prometió no volver a tratar de aprobar el expediente que hubiera sido un nuevo golpe al IOMA, la obra social que tiene denunciar por haber demorado la aprobación de la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos que luego murieron.
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