La presidenta de facto de Bolivia surgida tras el golpe de Estado del 10 de noviembre, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la "Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales" en aquel país, que había sido aprobada durante la noche del sábado por el Congreso.
De esta manera, la reglamentación anula los comicios del pasado 20 de octubre y busca acelerar la convocatoria a las urnas, aunque aún no se estableció una fecha para la nueva votación.
El Movimiento al Socialismo (MAS) estará habilitado para participar de las elecciones, aunque el ex mandatario Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, no podrán ser candidatos.
"Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano", expresó Áñez en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.
Tras seis horas de debate, la ley se aprobó a partir del consenso entre parte de los legisladores del MAS, con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y los partidos opositores Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano.
"No habiendo mayores consideraciones queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", dijo Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, mientras que destacó que el MAS "cumple sus compromisos". A su vez, el funcionario llamó a "apaciguar la crisis en el país para que no haya más conflictos sociales, ni más muertos ni heridos".
La norma determina que se debe nombrar de forma más rápida a un nuevo órgano electoral, que debe convocar a elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse.
Además, los artífices del Golpe de Estado y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron este domingo a un principio de acuerdo para pacificar el país, con el repliegue de militares de lugares no estratégicos y la derogación de la ley que les había otorgado inmunidad para el uso de la fuerza.
El acuerdo garantiza los derechos y garantías de "líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento" y prohíbe "las acciones de hecho, como detenciones y aprehensiones arbitrarias, y cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derechos y libertades".
Por otra parte, el partido de Evo Morales también presentó un proyecto de ley en el Senado para dar inmunidad al ex mandatario y a los antiguos miembros de su Gobierno.
El proyecto buscaba "reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano" y "prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales" contra Morales y los dirigentes que integraron su Ejecutivo.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo y la autoproclamada presidenta interina.
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