Varias organizaciones presentaron un amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, por negarse a brindar información sobre el uso de fondos reservados, los intercambios con servicios de inteligencia de otros países, las regulaciones sobre clasificación y desclasificación de información y los controles sobre las escuchas telefónicas que aún hoy realiza “la Casa”, como se conoce al organismo que nuclea a los espías. La falta de transparencia sobre las actividades de los servicios de inteligencia la promovió el presidente Mauricio Macri, que apenas asumido eliminó por decreto sus controles y se niega a brindar información sobre cómo operan hoy. Macri y su Jefe de Gabinete Marcos Peña firmaron el decreto 656 el 6 de mayo de 2016 y le restauraron, en la ley y en la práctica, el secretismo y la opacidad a la AFI.
La presentación judicial se hizo desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), “un espacio -según su web- destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia”. Allí se agrupan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derecho Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La decisión quedó en manos de la jueza Liliana María Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10.
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