Amado Boudou pidió ser querellante en la causa que se inició a raíz de la publicación de El Destape donde quedó al descubierto cómo el macrismo le puso uno hotel a Alejandro Paul Vandenbroele, testigo clave para la condena del ex vicepresidente en la causa Ciccone.
El escrito, al que accedió El Destape, fue presentado hoy por los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. Allí recordaron que la información que publicó este medio fue requerida por ellos durante el juicio oral que terminó con la condena a Boudou y se la negaron. Además de ser querellantes, los abogados solicitaron “que se investigue también la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales que negaron a esta defensa el acceso a la documentación específicamente requerida”. Pidieron que declare la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Germán Garavano junto a los funcionarios que hayan participado de la negociaciones con Vandenbroele y que se pida documentación sobre los acuerdos del novel hotelero con distintas instancias del Gobiero de Mauricio Macri. La decisión sobre si se acepta a Boudou como querellante y si se realizan estas nuevas y otras medidas de prueba quedará a cargo del juez que se haga cargo, tras el sorteo de mañana, del juzgado de Claudio Bonadio, donde quedó radicada la causa.
“Pagarle a un testigo para que incrimine a terceros, aun incriminándose a sí mismo también, es una conducta expresamente vedada por la ley y calificada como delito. Cuando dicha conducta es llevada adelante por funcionarios públicos y con dineros públicos, la conducta además de delictiva adquiere una especial relevancia institucional que permite calificar la situación como de gravedad institucional”,afirman los abogados Peñafort y Rúa, y recuerdan que pidieron varias veces la documentación que ahora reveló El Destape y que los jueces tanto del tribunal que condenó a Boudou como de la Sala 4 de la Cámara de Casación se los negaron.
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En los documentos que publicó El Destape consta que Carlos Linsalata, el operador del Programa de Protección de Testigos asignado a Vandenbroele, envió una nota a sus superiores donde pedía 1.500.000 pesos para el emprendimiento hotelero y ponía como justificación del pedido: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”.
Este medio también publicó varios documentos donde constan los pagos para el proyecto de hotel boutique La Masía en Chacras de Coria, Mendoza. Todo indica que era el pago por objetivo cumplido, es decir, por la declaración de Vandenbroele que sirvió para amalgamar la condena a Boudou.
El antecedente más claro, rememoran los abogados de Boudou, fue el pago de U$S 400.000 a Carlos Telleldín para desviar la investigación por el atentado a la AMIA, fondos que salieron de la ex SIDE. “Hoy nuevamente estamos ante una situación asimilable. Existe documentación que da cuenta como miembros del Poder Ejecutivo Nacional llevaron adelante negociaciones espurias destinadas a obtener el testimonio incriminatorio de Vandenbroele”, afirman Peñafort y Rúa en el pedido para que Boudou sea aceptado como querellante.
Los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez condenaron a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión mientras que Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias. Para la defensa de Boudou las “negociaciones involucraban la reducción sustantiva de la pena, lo cual se verificó en la condena impuesta al Sr Alejandro Vandenbroele en la causa 1302/2012, en la que los jueces tuvieron en cuenta especialmente la colaboración brindada por Vandenbroele los fines de determinar la misma”.
La causa donde se va a investigar el hotel de Vandenbroele se inició por una presentación del juez Ariel Lijo, que tuvo en su momento la causa Ciccone 1 (donde fue condenado Boudou) y aún tiene otro tramo, Ciccone 2, donde había separado los casos de los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Tras la publicación de El Destape, el juez Lijo radicó una denuncia que recaló en el juzgado federal N 11, donde reinaba hasta su fallecimiento el juez Bonadio. El sorteo se hizo 2 días después de la muerte del juez, pero se ve que no habían actualizado aún la computadora que sortea las causas y que derivaba hasta ahora todos los temas calientes hacia las manos de Bonadio.
Los abogados de Boudou, en el pedido para ser querellantes, relatan que durante el juicio por Ciccone objetaron la situación de Vandenbroele. El hotelero no podía ser arrepentido en ese juicio porque la propia ley del arrepentido impide que lo sea en un proceso ya elevado a juicio, pero negoció esa figura para el tramo Ciccone 2 mientras declaraba en el juicio y, tal como contó el propio Vandenbroele, tras negociar su situación con el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich pese a que el Programa de Protección de Testigos dependía del Ministro de Justicia Germán Garavano. “La anómala intervención del Ministerio de Seguridad, no prevista por ley alguna, ya era de publico conocimiento, en virtud de diversas publicaciones periodísticas”, relatan Peñafort y Rúa. Los detalles de la negociación los difundía y legitimaba el operador con patente de periodista Daniel Santoro en Clarin. Santoro citaba “dos fuentes seguras”. Una debía ser la propia Bullrich. ¿La otra sería el espía ilegal Marcelo D’Alessio?
A la par de Santoro publicaban notas parecidas Hugo Alconada Mon en La Nación y Federico Mayol en Infobae. Los abogados Peñafort y Rúa señalan que las notas de los tres medios revelaban que existían negociaciones entre el gobierno de Mauricio Macri y Vandenbroele y que “dicha negociación incluia no solo protección para el Sr. Vandenbroele, sino la entrega de una suma no determinada de dinero al mismo, por parte de Estado Nacional”. Curioso: esos medios y periodistas contaban en vivo y en directo algo que ahora, una vez que El Destape lo demostró, silencian.
La defensa de Boudou, en su escrito, marca el trato diferencial que recibió Vandenbroele desde el inicio. “La primera de ellas fue la detención del Sr. Amado Boudou ocurrida el dio 3 de noviembre de 2017 en el marco de la causa N° 1999/2012, en al que el Sr. Vandenbroele también era y es aun hoy imputado. Pero de los tres imputados, solo se detuvieron a dos de ellos: Amado Boudou y José María Núñez Carmona”, describieron. También señalaron que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), ambas dependientes del gobierno de Macri, “habrían estado al tanto de la negociación con Vandenbroele ya que, en oportunidad de requerir su condena, se limitaron a hacerlo por el mínimo de la pena, pese a haber señalado que el mismo habría tenido ‘una participación necesaria e indispensable en la maniobra investigada’”. Otro eje que tanto Boudou como sus abogados insisten es el rol del juez Pablo Bertuzzi, que lo condenó mientras negociaba su pase a camarista federal, lo que logró vía decreto del propio Macri.
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