El genocida Alfredo Astiz le pidió a la Justicia que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por temor a contagiarse de COVID-19 en la cárcel. La presentación la hizo su defensa ante el Tribunal Oral Federal 5, que llevó adelante los juicios en su contra. Ahora se ordenó una junta médica para evaluar su situación.
También, el represor Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti pidieron lo mismo al Tribunal Oral Federal 6. Hay más de una veintena de detenidos de lesa humanidad que están pidiendo planteos similiares, indicó Infobae.
Astiz tiene 69 años y está detenido desde el 20 de diciembre de 2007 por crímenes de lesa humanidad. Fue condenado varias veces a prisión perpetua por ser parte de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. Durante los ’70 se lo denominaba “el ángel de la muerte” y era parte del Grupo de Tareas 3.3.2 del mayor centro clandestino de detención y pieza clave en el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -organismo en el que se infiltró como familiar de un desaparecido-, Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga; y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.
En tanto, Etchetcoltaz tiene 90 años. Fue el jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura y condenado por más de 400 secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
El TOF 6 también recibió el planteo de prisión domiciliaria de la defensa de Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Guastavino. Se trata del agente de inteligencia que perteneciente al Batallón 601 y llevó adelante una serie de operaciones criminales en el marco de la dictadura. Fue detenido en 2006 y condenado en 2011 a 20 años de prisión por esos crímenes. En 2017 se le negó la prisión domiciliaria.
En tanto, Casación solicitó "a las autoridades competentes la adopción con carácter de urgente y en forma conjunta un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus COVID-19 para resguardar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo”.
Además, encomedó a los jueces penales que le den un trámite urgente a las presentaciones de detenidos que cuya salud esté deteriorada. En esa lista se encuentran varios de los detenidos de lesa humanidad.
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