El gobierno de Evo Morales denunció hoy que la oposición, apoyada por intereses extranjeros, está preparando un golpe de Estado violento que podría concretarse entre el fin de semana y el lunes. Desde el entorno del mandatario reelecto desmintieron el supuesta "auditoría oficial" que indicaría que el proceso electoral estuvo "viciado de nulidad". "Eso que han hecho no es una auditoría, es un muestreo que es parte de la operación del golpe. Para el fin de la auditoría faltan como cinco días", explicó a El Destape un referente del Movimiento al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales y que en las elecciones del domingo 20 de octubre obtuvo más de 10 puntos de diferencia sobre su competidor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.
La maniobra para desestabilizar el proceso electoral boliviano comenzó desde antes del recuento de votos. Evo Morales necesitaba obtener 10 puntos de ventaja o más para consagrarse como triunfador en primera vuelta. Los resultados de lo que en Argentina se conoce como escrutinio provisorio arrojaron una tendencia favorable para el MAS: sacó el 46,85 por ciento de los votos contra el 36,74 de Comunidad Ciudadana. Es decir, la diferencia llegó a 10,11 por ciento. Sin embargo, ante lo ajustado de la cifra, la oposición se negó a reconocer ese dato y comenzó a agitar el fantasma del fraude para forzar una segunda vuelta.
De hecho, la página web oficial del recuento de votos sufrió intentos de hackeo y debió ser inhabilitado su acceso desde el exterior para evitar que servidores extranjeros cumplieran con su objetivo de bajar el sitio.
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Cuando días después finalizó el recuento definitivo, el Tribunal Superior Electoral ratificó el triunfo de Morales, que incluso amplió levemente la ventaja. El candidato a la reelección quedó con el 47,08 por ciento de los votos contra el 36,51 del opositor Carlos Mesa. Se trató entonces de una diferencia de 10,57 puntos. Lejos de aceptar el veredicto del pueblo boliviano, Mesa insistió con su estrategia para deslegitimar la votación y alentar la movilización contra el Gobierno.
Desde entonces, se han realizado una gran cantidad de manifestaciones violentas, muchas de ellas con heridos y hasta destrozos contra las viviendas particulares de funcionarios y dirigentes del MAS. Los sectores que respaldan al Gobierno también realizaron enormes movilizaciones en apoyo a la continuidad del proyecto político que llegó al poder en 2005.
En ese contexto, el gobierno de Evo Morales propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) realice una auditoría completa sobre el resultado de la elección, la cual aún no finalizó y tiene fecha para dentro de cinco días. "Si hubiéramos perdido, felices nos hubiéramos ido, agradeciendo el voto de la gente. La auditoría establecerá si hubo o no fraude, como saben que no se demostrará eso, sacan la violencia", aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera, al salir al cruce de las acusaciones opositoras:
Evo también repudió la violencia, hizo un llamado a la paz y descartó una renuncia, como le reclama la oposición. Desde un acto en la localidad de Desaguadero, convocó a las organizaciones sociales a defender el “proceso de cambio”. "La derecha que dice, ‘Evo tiene que renunciar’, quiero decirles a ustedes, hermanos, a Bolivia y al mundo, no voy a renunciar, somos electos por el pueblo, respetamos la Constitución, vamos a defender nuestro proceso", aseguró Morales.
La falsa "auditoría oficial"
Respecto del supuesto informe difundido mediáticamente por la empresa Ethical Hacking -con el que la oposición busca montar ahora el golpe de Estado- el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que contradice el reporte que esa misma empresa les entregó formalmente el 30 de octubre de 2019. “Ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad junto con el desarrollador de Neotec, la presencia de DNTIC y nosotros, se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos, ni de ataque cibernético, se verificó que el problema fue causado por falta de comunicación por parte de la empresa Neotec, al saltarse el protocolo de comunicación para cambios en la infraestructura”, dice el texto presentado por Ethical Hacking al TSE.
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