El empresario Alejandro Vandenbroele, en el banquillo de los acusados junto a Amado Boudou por el caso Ciccone, fue incorporado por el gobierno macrista al programa de testigos protegidos después de que pidió convertirse en "imputado protegido", por lo que se espera que brinde información sustancial sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente, entre otros casos.
Vandenbroele, el monotributista dueño de la firma The Old Fund, pidió convertirse en "arrepentido" al presentarse en la fiscalía para anunciar un cambio de abogados y preguntar por el estado de las causas en su contra.
Pocas horas después el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que Vandenbroele "ingresó provisoriamente al Programa de Protección de Testigos tras el pedido formal elevado por la Justicia al titular de la cartera, Germán Garavano".
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También aclaró la cartera que "se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección de acuerdo a las particularidades del caso". Y destacó que "en la misma línea, este Ministerio no brindará más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo".
También se señaló que "el sistema de Protección, creado por ley 25.764, se encuentra dirigido a testigos e imputados que hubiera realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo".
Al dejar trascender el pedido de Vandenbroele, las fuentes judiciales habían indicado a DyN que "un arrepentido recién lo es cuando empieza a hablar".
El acogimiento al régimen solo puede realizarse en causas que están en trámite, por lo que Vandembroele no podrá ser "testigo" o "imputado protegido" en la causa Ciccone, ya en juicio oral. Sí podría hacerlo, por ejemplo, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la cual el juez Ariel Lijo decidió dictarle prisión preventiva al ex vicepresidente.
El régimen brinda protección a personas involucradas en expedientes judiciales que se considere que su integridad física pueda estar en riesgo. Es distinto de la ley del Arrepentido, sancionada el año pasado y que permite a imputados conseguir una eventual reducción de condena a cambio de brindar información fehaciente sobre las causas judiciales.
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