El presidente Alberto Fernández se comprometió con organizaciones de derechos humanos a impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura. La norma penará a quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad. En la Argentina, el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, ya había presentado un proyecto similar cuando era diputado.
"El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo", dijo a la agencia de noticias Télam Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del ex policía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.
El reclamo fue planteado por los organismos de derechos humanos en la reunión que mantuvieron con el mandatario, en el marco de su gira por Europa que culmina en la tarde del jueves. La Ley francesa, que se creó para que no haya posibilidades de negar el Holocausto en medio de una fuerte corriente negacionista en el país que ponía en cuestión su existencia, también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.
El ultraderechista Jean Marie Le Pen, padre de la actual líder del Frente Nacional francés, fue condenado en varias ocasiones desde que la norma francesa entró en vigor en Francia en julio de 1990 y es conocida como "Ley Gayssot", por el nombre del diputado comunista que la propuso, Jean Claude Gayssot.
"La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe", explicó Thonon.
Antes de renunciar a su banca para ser secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un proyecto que busca reformar un artículo del Código Penal para sancionar con penas de prisión de dos meses a dos años a quien niegue, justifique o minimice el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. En caso en que el delito sea cometido por un funcionario público, el proyecto prevé su inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
La iniciativa busca modificar un capítulo del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal y un artículo. De esta forma, el Capítulo VI pasaría a llamarse “Negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad” y en su artículo 123 ter establecería la pena de “prisión de dos meses a dos años”.
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