Mauricio Macri se endeudó en el exterior por más de U$S 100.000 en los cuatro años en que ejerció el Gobierno, lo que contribuyó a duplicar el peso del pasivo sobre el PBI. En ese mismo período, se fugaron divisas por más de U$S 90.000 millones. El Banco Central investiga esa puerta giratoria que implicó la semi-nula inversión de estos dólares y que derivó en esta crisis de deuda que el ministro de Economía, Martín Guzmán, trata de resolver con una reestructuración.
"Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada", lanzó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Por eso, el presidente adelantó que "el Banco Central se encuentra analizando, de forma pormenorizada, la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron". De esta forma, la gestión de Miguel Pesce en el BCRA busca determinar irregularidades en el mayor proceso de endeudamiento de este siglo.
Entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercero de 2019, el pasivo público externo se incrementó en U$S 103.808 millones, de acuerdo al Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA). El grueso de los verdes que tomó el macrismo no se utilizó para ampliar la capacidad exportadora del país ni se invirtió dentro de la economía real, sino que se alimentaron la fuga de capitales que promovió Cambiemos.
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Cuando el gobierno anterior levantó los controles cambiarios, se dio un exponencial incremento de la demanda de dólares. Al eliminar la obligación de las cerealeras de liquidar las divisas dentro de Argentina, el Gobierno en un principio sació la necesidad de verdes con las reservas del BCRA. Inmediatamente después del pago a los buites, Macri entregó cada billete que consiguió con su inédita emisión de bonos. Llegó al punto de que casi el 90% de lo recaudado en los mercados se revendió a privados: se perdieron U$S 93.667 millones en ese período, según Cifra.
Cuando, en 2018, los fondos de inversión notaron su alta exposición al riesgo argentino, cortaron el chorro y generaron una corrida cambiaria. Para calmar el insaciable reclamo de divisas, Macri acordó un préstamo récord con el FMI, que por la fragilidad estructural de su modelo económico, pocos meses después debió ampliar en monto y anticipar desembolsos. De esta forma, los ministros de Finanzas y presidentes del BCRA firmaron dos compromisos, uno por U$S 50.000 millones y otro que anuló al previo, por U$S 7.000 millones adicionales.
De acuerdo a una investigación de El Destape, en el apuro para concretar el crédito, los funcionarios de Cambiemos no analizaron cómo devolverlo. En un reclamo judicial del Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN), el año pasado el Central no reconoció haber redactado un dictamen donde detalle cuándo y de qué manera Argentina iba a recaudar los fondos para hacer frente los vencimientos que se comprometió.
Sin entregar documentos, el BCRA se limitó a responder que "previo a la firma de la operación en cuestión, esta institución llevó a cabo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el FMI, una evaluación comprensiva de su impacto macroeconómico, incluyendo un análisis de los sectores fiscal, externo y financiero". Esto puede derivar en compromisos penales y patrimoniales para los funcionarios responsables.
El artículo 61 de la ley de administración financiera (24.156) especifica que “en los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”. Es decir, debe planificar cómo se devolverá el préstamo, que no casualmente fue el mayor en la historia del FMI.
A diferencia de los pesos, los dólares escasean en una economía reprimarizada, por lo que los utilizados para devolver lo prestado para la irresponsable fuga de Macri recortan los destinados a desarrollar el país. "Debemos enfrentar una deuda pública también récord en monto y concentración temporal de vencimientos", remarcó Alberto Fernández. Repasó que sólo en 2020, los vencimientos de capital representan U$S 48.968 millones, a los que se le adicionan U$S 14.838 millones por intereses de ese pasivo.
La investigación desde el Congreso
El Congreso también puede encontrar un rol activo en la detección de irregularidades en el mega-endeudamiento, pero con un función similar al de 2002 y 2003. El diputado del Frente de Todos Itaí Hagman enfatizó la necesidad de que el Legislativo analice la contraparte: la fuga de capitales.
"La fuga por un lado explica por qué no tenemos los dólares para pagar. Pero también explica por qué no hay plata para inversiones", planteó el legislador en una entrevista a El Destape días atrás. "¿Quién fugó esos dólares? Hay de todo, pero estoy seguro que un porcentaje muy importante son grupos económicos muy poderosos, empresas nacionales y extranjeras. Hicieron negocio con la bicicleta financiera durante 2016 y 2017 y luego en 2018 dolarizaron sus ganancias a un dólar barato y lo fugaron al exterior", explicó.
Ante esto, planteó la necesidad de repatriar esos fondos para mejorar la macroeconomía y las urgencias sociales. "No alcanza sólo con reestructurar la deuda, sino que necesitamos que esa plata vuelva y necesitamos evitar que se siga fugando para resolver un problema estructural de la economía argentina", enfatizó.