La relación es directamente proporcional. A medida que avanzan las causas de amplia repercusión política y mediática, aumenta la preocupación de distintos sectores del mundo judicial por las presiones que ejerce el Gobierno sobre el tercer poder del Estado.
Los casos de premios por obsecuencia y castigos por investigaciones o fallos incómodos se instauraron y hasta ya son considerados por muchos como un método sistemático de operatoria del oficialismo. Esto repercute en distintos sectores del sistema judicial.
La problemática caló hondo y hasta llegó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el ente máximo de la colegiación, que representa a la mayoría de los colegios del país -no la integra, por ejemplo, el de la Capital Federal-.
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En la última reunión de la Junta de Gobierno de FACA, celebrada en Catamarca el pasado 8 de junio, el delegado del Colegio Público de San Martín en la federación, Eduardo Zimmermann, pidió la palabra para plantear “un tema preocupante para la abogacía, como es el de las presiones al Poder Judicial, por parte de los otros poderes, en especial el Ejecutivo Nacional”.
“Dos camaristas cuyos votos no agradaron al Poder Ejecutivo, luego de públicas presiones, solicitaron su traslado, uno de ellos a San Martín”, comenzó Zimmermann su enumeración. “Podemos leer declaraciones del fiscal Federico Delgado, quien manifestó: ‘puedo terminar con un tiro en la cabeza o con un kilo de droga en el auto’. El mencionado actúa en la causa conocida como Odebrecht, y denunció que también sufrió hostigamientos en casos como Panamá Papers y el supuesto tráfico de influencias de Daniel Agelici” añadió el abogado.
Luego, se refirió al apartamiento del fiscal Juan Pedro Zoni de la pesquisa penal en torno al Correogate, que involucra al presidente Mauricio Macri. Zimmerman remarcó que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, “ya efectuó aproximadamente cuarenta traspasos de fiscales, entre ellos el del fiscal Juan Pedro Zoni, quien pidió investigar al diputado Tonelli, comenzaba a analizar los libros de las empresas del grupo Macri y había pedido medidas en la causa del Correo Argentino”.
El delegado por el Colegio de Abogados de San Martín en FACA, se detuvo en ese caso particular que involucra a la familia Macri, tal como se desprende del acta del encuentro celebrado en la ciudad de Catamarca. Y señaló que la fiscal general Gabriela Boquin, quien impulsa la causa comercial del Correogate -y derribó el escandaloso acuerdo por el que Macri le condonaba a su familia 4 mil millones de pesos y más de 70 mil millones a 2033- “sufre públicas presiones de todo tipo, entre ellas del consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli”. Boquin está matriculada en el colegio de abogados de San Martín, ya que ejerció muchos años la profesión antes de volcarse a la función pública.
“Boquin sufrió un robo de documentación de su automotor y otro intento en el rodado de su marido, también matriculado en San Martín, entre otros extraños hechos. Participé en todas las marchas pidiendo justicia para el fiscal Nisman, concurriendo con muchos de los colegas delegados y autoridades hoy presentes. No quisiera tener que participar en ninguna marcha semejante”, concluyó el delegado, con su visión particular del caso del fiscal de la UFI AMIA que fue hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.
Por todo eso, pidió que FACA aborde la cuestión en el próximo encuentro que se realizará en San Rafael, Mendoza, el 14 de septiembre próximo, donde no son pocos los que esperan que se emita alguna declaración sobre el tema.
La preocupación se expande por tribunales.
“Hay inquietud en distintos ámbitos. Los abogados perciben que todo se resuelve según voluntad del Poder Ejecutivo. Lo que torna difícil el ejercicio profesional ya que los abogados del poder son los únicos que tendrían éxito en sus causas”, desliza un abogado del Frente de Abogados Populares (FAP). El FAP es una agrupación de abogados que participó en una lista opositora en la última elección del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, integra la asociación de abogados y disputó elecciones de distintos colegios públicos del Interior con diversos resultados.
A su vez, un día antes de que se celebrara la mentada reunión de FACA, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional había emitido un duro comunicado remarcando el poder de injerencia del Gobierno:
“En un Estado democrático y republicano de Derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito”, se aseguró el 7 de junio.
Fue en el marco del pedido de juicio político a tres integrantes de la Cámara Civil, que había resuelto que el Instituto Patria podía mantener en reserva los datos de sus asociados, contra el pedido del Gobierno, que exigía su difusión. Como la Casa Rosadalo interpretó como un “fallo político”, la Inspección General de Justicia presentó un pedido para avanzar contra los tres letrados que suscribieron la sentencia.
“Ante los pedidos de juicio político contra los tres integrantes de la sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera una vez más que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, se resaltó.
Y se remarcó: “La actividad jurisdiccional, está expuesta a la crítica que toda persona tiene el inalienable derecho de ejercer cuando crea que puede sentirse alcanzado o afectado por algún pronunciamiento o decisión, pero ello nunca puede dejar de discurrir por las vías recursivas normales. Las solicitudes de juicio político a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.
Entre junio y la actualidad se sucedieron nuevos hechos de impacto político y mediático.
Por ejemplo, se destapó el caso de los aportantes de campaña truchos que afecta a Cambiemos. El procurador interino, Eduardo Casal, siguiendo la lógica que se alertó en FACA, removió al fiscal que iba a investigar las irregularidades: Hernán Schapiro, titular de la fiscalía N°1. En su lugar, repitiendo el mecanismo que se aplicó en la causa penal del Correo, se ubicó a un procurador que es visto con buenos ojos por el oficialismo. Se trata de Guillermo Ferrara, titular de la fiscalía N°2 y a quien se vincula con el fiscal de cámara de La Plata, Julio Piaggio. En su lugar, cuestionan muchos en tribunales, debía haberse nombrado a quien esta a cargo de la fiscalía N°3, Ana Russo. ¿Por qué? Porque de los dos, la única fiscal penal es Russo. Ferrara es civil. Este tipo de movimientos no pasan desapercibidos y preocupan a gran parte del mundo judicial. Muchos ya se preguntan cómo será administrada la información del caso Odebrecht que comenzará a llegar a Comodoro Py, tras la firma de un acuerdo formal entre el Ministerio Público Fiscal argentino y la justicia brasileña. Entre otras firmas, en el Lava Jato aparece mencionada Iecsa, la histórica empresa constructora que estuvo en manos de la familia Macri hasta hace muy poco tiempo.
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