El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta mañana la detención del ex funcionario Roberto Baratta, el dueño de Electroingeniería (propietaria de Radio del Plata) Gerardo Ferreyra y el directivo de IECSA Javier Sánchez Caballero y otras 12 personas en el marco de una causa por presuntas coimas en el marco del Ministerio de Planificación. La noticia sirvió como forma de ocultar los problemas vigentes de Cambiemos: la causa por aportantes truchos, los fuertes aumentos en servicios públicos y los avances contra diferentes sindicatos.
En el caso de la causa por aportantes truchos, el titular del juzgado Federal 3 de esa jurisdicción, Ernesto Kreplak, ordenó varias medidas en el marco del expediente que instruye sobre el tema y que comenzó tras una denuncia de la legisladora Teresa García. Se multiplican los casos que incluyen a las campañas en la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, agosto se convierte en un mes signado por los aumentos: las prepagas sufrirá un aumento de 7,5%, el gas 25%, la luz un 30%, el boleto de colectivo, según la línea, aumentará entre un 10 y 17% solo este mes, mientras que los trenes lo harán entre un 11 y 23%.
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Otro de los fuertes aumentos se da en los trámites del DNI y el Pasaporte: desde este miércoles el gobierno nacional aumenta entre 50% y 200% el proceso para acceder a aquellos documentos.
Según informó el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el DNI pasa de $100 a $300, mientras que el pasaporte pasa de $950 a $1500. El incremento no aplicará para personas sin recursos - que quedarán exentas del pago -, recién nacidos y aquellos que lo gestionen por primera vez. Tampoco correrá para quienes lo tramiten en el programa El Estado en tu Barrio.
Por último, el Ministerio de Trabajo enfrenta una fuerte batalla con los gremios que preocupan al Gobierno. A través de la aplicación de multas, la cartera liderada por Jorge Triaca se dispuso sancionar a los gremios que tienen reclamos contra el Gobierno.
De esta forma, sancionó con una multa de $ 659 millones a SUTEBA, gremio comandado por Roberto Baradel, y de más de $ 1.000 millones contra Camioneros, representado por Hugo Moyano. En ambos casos, la medida fue tomada por violarse la conciliación obligatoria.