El juez Antonio Llermanos, del Tribunal Oral en lo Criminal N 2, notificó a Milagro Sala, en el Penal de Mujeres de Alto Comedero del inicio de un nuevo juicio en su contra. Además se comunicó que no tendrá atención psicológica. Hace once días que la justicia de Jujuy incumple con el requerimiento de la prisión domiciliaria de la dirigente social realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El nuevo juicio contra Sala fue iniciado por la comisario Ángela Cabrero, patrocinada por el hijo de Gerardo Morales, Gastón, quien denunció a la dirigente social por amenazas.
La causa que se eleva a juicio se conoce como “el caso de las bombachas” y se originó en octubre de 2014 cuando la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa. Molina había presentado en agosto de ese año una denuncia por la sustracción de su cartera con las llaves de su domicilio que luego fue robado sin haberse violado la cerradura.
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La policía se hizo presente a las 21, dos horas después de haber recibido el llamado de una de las partes y detuvieron a la vendedora y a Natalia Vargas, la hija de Maria. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada, pero dejaron demorada a Vargas.
Según denunció la comisario en la causa, la dirigente social habría llamado para amenazarlos. Eso es lo que se va a debatir en estas audiencias convocadas para las primeras semanas de septiembre.
Por otra parte la defensa de Sala denunció que en un nuevo acto de arbitrariedad, de un dia para el otro, en fecha cercana a conocerse la resolución de la CIDH, dejaron a Milagro Sala sin la atención psicológica que recibía por parte de Laura Aguirre, designada por el Servicio Penitenciario.
Por otro lado, los abogados de Sala denunciaron que en los días en que se dio a conocer la resolución del organismo internacional, le quitaron a Milagro la atención psicológica sin previo aviso y sin que pueda realizarse un cierre del proceso con la profesional que había designado el Servicio Penitenciario de la Provincia al momento de ingreso de la dirigente al penal. Es la segunda vez que le retiran la atención sin motivos y sin notificarla debidamente.
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