El gobierno de Cambiemos le solicitó a la Justicia abonar las millonarias deudas que mantiene el Estado con los proveedores de GNL. Los funcionarios del PRO habían denunciado presuntos sobreprecios en esas transacciones y por eso mismo se habían mantenido impagas por cinco años. El cambio de estrategia va en línea con la declaración “espontánea” de Marcelo D’Alessio ante la fiscalía de Carlos Stornelli el año pasado.
Mediante un escrito al que accedió El Destape, IEASA (ex ENARSA) le pidió al juez Claudio Bonadio que la habilite a pagar casi U$S 40 millones por contratos de importación de gas de la administración anterior. De esta manera, la firma que preside Mario Dell’Acqua, ex vaciador de Aerolíneas Argentinas, dio por sobreentendido que no se pactaron sobreprecios en la importación del gas natural licuado en la administración anterior, el único motor por el que le dictaron la prisión preventiva al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y al secretario de Coordinación Roberto Baratta.
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La presentación fue efectuada por los abogados de la compañía estatal para poner a consideración de Bonadio “la necesidad de IEASA de proceder al pago de la deuda reclamada por ciertos proveedores internacionales de GNL en concepto de demoras y excesos de boil off incurridos en operaciones de descarga en las terminales de Escobar y Bahía Blanca durante 2014 y 2015”.
La empresa encomendó a Ernst & Young a una auditoría, que finalizó en mayo de 2018. La consultora contable estableció que de los 23 buques de GNL importados en 2014 el Estado debe U$S 6.400 menos de los U$S 14 millones calculados inicialmente. Sin embargo, por los 42 de 2015, las arcas públicas deben U$S 195.000 adicionales a los U$S 18 millones reconocidos.
Es decir que IEASA desea ponerse al día con sus proveedores por U$S 38,9 millones. Por diferencias de cantidades descargadas en los puertos, los privados mantienen una deuda con el Estado de U$S 27,6 millones, por lo que la diferencia que pretende acelerar el PRO es de U$S 11,3 millones.
“La regularización no sólo reviste trascendencia a los efectos contables, impositivos, administrativos y de cumplimiento normativo, sino que además resulta de vital importancia para regularizar la relación comercial con los principales proveedores internacionales de GNL, máxime teniendo en cuenta las necesidades de importación que ya se prevén para el período invernal de 2019”, argumentó la compañía dirigida por Dell’Acqua.
El titular de la entidad deja de lado que los saldos se mantuvieron durante cinco años, sin ningún reclamo ante Bonadio. Planteó como que recién ahora acusó recibo de que la falta de pago “constituye un obstáculo para la presentación de los proveedores en los procesos licitatorios necesarios para afrontar la campaña 2019, acotando considerablemente los oferentes dentro del mercado de GNL y aumentando los criterios de riesgo de los restantes”.
Hay intereses compartidos, porque dentro de los pagos que intenta agilizar, U$S 540.000 le corresponden a Shell, la petrolera que presidió Juan José Aranguren y de la que mantuvo una porción accionaria. Tampoco se le puede atribuir al azar que fue la favorita durante su gestión para los convenios de importación de GNL.
IEASA le envió esta nota a Bonadio el 26 de diciembre. La nueva estrategia abandona la hipótesis de sobreprecios, que derivó en prisiones preventivas, en línea con las declaraciones de D’Alessio un mes y medio atrás que reveló El Destape. El espía y extorsionador presentó carpetas con documentación interna de la empresa que declaró que le llegaron de un “anónimo” y le pidió a Stornelli que guíe la pesquisa hacia otro lado: los remolcadores y, en mayor medida, los seguros contratados para los buques.
Gracias a estas dos precarias indagatorias (del 5 y del 12 de noviembre), D’Alessio consiguió darle un nuevo aire a una causa que se desarmaba sola a pedazos, después de que Bonadio y Stornelli la hayan respaldado en la investigación de un perito trucho, David Cohen, que mintió para calcular los recargos. Más aún, gracias al supuesto agente de la DEA, el magistrado convocó a una nueva rueda de indagatorias para todos los procesados y también para Cristina Kirchner, quien debió presentarse el lunes para responder en su juzgado por este y otras siete acusaciones que maneja el mismo funcionario.
La causa del GNL aparece a fines de 2014 por un denunciante serial, que luego es apoyada por los entonces legisladores Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo. El propio PRO fue impulsor de la acusación de sobreprecios, mientras que ahora que no consigue argumentos para defenderlo, retrocede.
Sobre este expediente Bonadio apoyó las fotocopias de los cuadernos, aunque poco después decidió bifurcarlo en uno nuevo, sin entregarlo a sorteo a otro juzgado, como indica la ley.
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