Ante el aval de la Corte Suprema al tarifazo del gas para las empresas, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYMES) advierte que se pueden perder miles de fábricas y puestos de trabajo.
En el gremio patronal destacan que "el fallo constituye en sí mismo un avance respecto de la situación precedente", ya que anula las resoluciones del nuevo esquema tributario para los hogares y sostiene la tarifa social.
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No obstante, APYME alerta que en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, disparada de la inflación e ingreso de importaciones, "la vigencia de un aumento como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".
"El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias", evalúan en la asociación que preside Eduardo Fernández.
APYME resalta el dictamen de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, donde dice que "el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas (en especial, las pequeñas y medianas), las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo".
Este tipo de compañías representa más del 90% del total y genera el 80% del empleo en la Argentina. "Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente", advierte APYME.
APYME señala que debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política. "Uno de los caminos es crear de modo urgente la figura del ombudsman de las Pymes, como se propuso oportunamente durante el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso colectivo que ampare al sector", resaltó, debido a que no pueden las empresas hacer acciones colectivas porque la ley no lo permite. Esta vía también la señalan para los tarifazos de luz y agua, que también fueron fijados sin audiencias públicas.
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