Según un informe publicado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA, en el último trimestre del año se observaron distintas prácticas antisindicales tanto desde el sector privado como del Estado. Este tipo de conductas se materializan de cuatro formas: criminalización y represión de la protesta social; restricciones a la huelga y discriminación sindical y actos de injerencia.
Desde la asunción de Mauricio Macri, el sector de los trabajadores fue uno de los más afectados por las políticas implementadas: destrucción de puestos de trabajo, caída del poder adquisitivo, aumento de las suspensiones, negativa de reapertura de paritarias y represión antes los reclamos laborales.
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Para Jerónimo Torres, asesor de la Secretaría General de la CTA, "el gobierno genera un clima que da vía libre a los empleadores para llevar adelante acciones antisindicales".
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El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga y la libertad sindical, pero la normativa parece haber caducado. El Poder Judicial coopera con esta vulneración con fallos que restringen el derecho a huelga.
"Lo que están haciendo los tribunales es muy manifiesto, hay un apoyo descarado", afirmó María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), para quien el mensaje que se transmite es que "vale todo".
La criminalización de la protesta se manifiesta a través de multas, denuncias penales y detenciones por participaciones en actividades sindicales. En Salta, Neuquén y el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, se llevaron a cabo al menos quince detenciones; mientras los trabajadores de Ingenio Ledesma recibieron una multa de 6000 pesos por persona por tomar medidas de fuerza en la vía pública.
El fin de este tipo de acciones es evitar la organización de los trabajadores y desarmar las protestas que buscan visibilizar una problemática para mejorar las condiciones laborales. En ese sentido, Verdú explicó que "son una serie de manejos que confluyen a un mismo fin: el disciplinamiento".
En la misma línea, la represión de la protesta social se convirtió en un síntoma del gobierno de Cambiemos. Ni bien asumió Mauricio Macri este accionar se vio reflejado contra los trabajadores en varias manifestaciones por reclamos laborales y sociales.
El relevamiento de la CTA detalla que en al menos seis oportunidades la policía o la gendarmería agredió a manifestantes con gases y balas de goma. Asimismo, se registraron cuatro situaciones en las cuales grupos anónimos irrumpieron en reuniones o locales sindicales.
Por otra parte, el informe puntualiza que la restricción de la huelga se hace visible en distintas formas. Una de ellas tiene que ver con la confección de "listas negras", como el caso de los ministerios de Educación de Jujuy y Buenos Aires en los que exigieron a los directivos listar docentes en paro. Otra de las formas utilizadas fue el dictado de leyes y resoluciones que limitaran el ejercicio a huelga: en Santa Cruz se sancionó la ley de Emergencia educativa mientras que en el Ministerio de Justicia de Córdoba se prohibieron medidas de fuerza durante la jornada laboral.
"Es preocupante el intento de reforma laboral que se está llevando adelante a través de distintos proyectos de ley, sumado a la pasividad de ciertos sectores del sindicalismo", remarcó el integrante de la CTA.
Por último, la discriminación sindical y actos de injerencia se manifiestan a través de despidos discriminatorios, desafueros, persecuciones hacia activistas gremiales y la negativa patronal a reinstalar empleados, incluso cuando existe una orden judicial. Durante los últimos tres meses se percibieron trece situaciones de despidos discriminatorios y en al menos cinco ocasiones se produjo el desafuero o intento del mismo por parte de la patronal.
En ese sentido, en tres casos las empresas se negaron a reinstalar delegados o activistas, aun cuando mediaba orden judicial, pues en muchos casos los empresarios optan por pagar los punitivos antes que reincorporar al empleado.
Este tipo de conductas apunta a disuadir los reclamos de los trabajadores en un contexto caracterizado por un ataque a sus derechos. "Hay un endurecimiento muy general, es un sinceramiento", concluyó la referente de CORREPI.
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