A semanas de su retirada, el Gobierno analiza traspasar el Programa de Protección de Testigos e Imputados a la órbita del Poder Judicial. El mismo fue utilizado como un sistema de premios y castigos para el armado de causas contra exfuncionarios kirchneristas, tal como reveló El Destape, y denunciaron que el cambio de órbita podría obedecer a un intento por tapar el "desastre" del área durante estos cuatro años.
Según publicó hoy el diario La Nación, Testigos Protegidos pasaría de la órbita del Ejecutivo - depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Germán Garavano - al Poder Judicial. Lo harían mediante un decreto de necesidad y urgencia que ya estaría redactado y al que sólo faltaría firmar.
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Darío Díaz, exdirector del Programa de Protección a Testigos e Imputados durante los ocho años de gestión de Cristina Kirchner, aseguró a El Destape: "Si se animan a plantear esconder el Programa en el Poder Judicial, es porque quieren tapar un desastre descomunal, porque la Justicia no va a revisar su operatoria anterior" y remarcó que "si lo traspasan, primero es necesario realizar una auditoria calificada".
Actualmente, el Programa necesita del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque sólo un juez federal puede solicitar que un testigo se incorpore como protegido y si el área no cumple con la orden, deberá rendir cuentas al magistrado que tiene un control directo sobre la suerte del testigo.
Como contó El Destape, la dinámica es sencilla: un testigo de una causa judicial que se considera potencialmente en peligro puede ingresar a este Programa si es ordenado por un Juez. Según la ley, una persona no puede estar más de seis meses bajo esta protección. Durante ese tiempo tiene que poder ser relocalizada con nueva identidad, en una ciudad segura y con trabajo para poder seguir con su vida “normalmente”. Sin embargo, no sólo no se cumplen los tiempos sino que muchas personas son “abandonadas” por el sistema que depende del Ministerio de Justicia y, en otros casos, los más clave, apretadas para testificar según la conveniencia del gobierno de Mauricio Macri.
Como ejemplo, Leonardo Fariña siguió al pie de la letra un guión armado para incriminar a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública y se convirtió en un imputado protegido VIP con grandes beneficios, a contramano de quienes no siguieron los designios del Ministerio de Justicia, de Germán Garavano: una casa con grandes comodidades, libertades de movimientos por fuera de la ley y el pago de la obra social OSDE, por $9.500 mensuales, un servicio que ningún otro testigo protegido tiene, según pudo comprobar El Destape.
En la vereda contraria, Ibar Pérez Corradi, preso por tráfico de efedrina, habló con este medio y reveló que cuando estaba prófugo en Paraguay, en plena negociación para su extradición a la Argentina, en 2016, “Dalmau Pereyra viajó a Asunción para eso”. Para decirle que tenía que involucrar a Aníbal Fernández en el Triple Crimen de General Rodríguez. Contó que tuvo un acuerdo con Patricia Bullrich para no estar detenido en el Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense, lo que no se cumplió, y que se negó a declarar contra el excandidato kirchnerista: “Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso”.
El sistema alcanza a 225 testigos y 97 familiares y, con el decreto de Macri, pasaría a la Cámara de Casación Penal que preside Carlos Mahiques. Uno de los apellidos que más creció en el Poder Judicial durante la gestión de Cambiemos.
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