El fiscal de Seguridad Social Gabriel De Vedia se refirió al procesamiento del ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier y señaló que "antes de asumir en el Estado, Blaquier fue preparando la emisión de esos bonos que compró desde el FGS" y explicó que "fue la primera operación que hace como subdirector ejecutivo del FGS, así que había un interés particular en que se realice".
En diálogo con El Destape Radio, agregó que "obviamente Laura Alonso debería haber hecho algo, todas las denuncias que hice desde la UFISES deberían haber tenido acciones de la Oficina Anticorrupción". Asimismo contó que "el fiscal Franco Piccardi es un gran fiscal e hizo un gran trabajo, así como Sebastián Casanello. Están comprometidos con la verdad objetiva. Demoraron en resolver la situación porque demoran las respuestas de los exhortos al exterior".
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"Blaquier emite bonos que benefician directamente a las empresas porque les entrega dinero cash", advirtió De Vedia. Y concluyó: "Hice cuatro denuncias por hechos delictivos en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Es un escándalo".
Este viernes, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Luis María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en el marco de la causa en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de esos fondos públicos. En el procesamiento, además, el juez le trabó un embargo de 12 millones de pesos al ex funcionario de Cambiemos.
A Blaquier se lo acusa de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la ANSES obligaciones negociables de Arcor SA y Cablevisión SA a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015.
En ese sentido, se sospecha que Blaquier, en su carácter de Subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, tuvo interés por la adquisición de las obligaciones negociables de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, por lo que habría incumplido sus deberes de funcionario público.
La denuncia fue hecha en febrero de 2017 por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), a partir de una información obtenida en una investigación preliminar que se inició a partir de una presentación del diputado nacional Oscar Alberto Romero.