El Gobierno difundió los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio de 50 mil millones de dólares en los próximos tres años, Macri y sus funcionarios se comprometieron a un ajuste de U$S19 mil millones en el mismo plazo. ¿Por dónde pasará la tijera del Estado?
En las cifras que compartieron en el Palacio de Hacienda, ese 1,4 punto porcentual de ajusteextra (pasa de 2,7 a 1,3% del PBI) representa más de 220 mil millones de pesos y arriba de $300 mil millones si se lo compara con el presupuesto actual.
Según el acuerdo, cuatro serán las víctimas del ajuste: la obra pública, los empleados estatales, los usuarios de transporte y servicios públicos y las provincias.
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La obra pública fue el sostén electoral de Cambiemos en 2017, pero ahora el recorte es brutal: el ítem "gastos de capital" incluye un recorte del 1,6% del PBI, unos 9.600 millones de dólares en los próximos tres años. El ajuste acumulado entre 2018 y 2019 es de 1,3 pp, unos 202 mil millones de pesos. Casi todo lo destinado para este año, que era de $211 mil millones. El recorte en términos reales es de 81%. El Gobierno deberá prenderle velas a los proyectos PPP para cubrir ese bache en obra pública o esperar un freno importante en la economía, lo más probable.
El Gobierno planea ajustar en términos reales (descontando la inflación) un 13% del gasto en salarios desde hoy hasta el 2020. Casualidades de la Historia, el recorte del 13% a estatales y jubilados es una de las medidas más antipáticas y recordadas por la ministra de Trabajo (hoy de Seguridad), Patricia Bullrich, durante el gobierno de Fernando De la Rua.
El cuadro que compartió el equipo económico muestra una reducción de 0,4 pp del PBI en gastos salariales para este año. Eso equivale hoy a unos 62 mil millones de pesos, a los que se sumarían unos 31 mil millones de pesos en 2019. Para este año, firmó con UPCN una paritaria del 15% en tres tramos, cuando la inflación proyectada por el mercado ya está en 27%, 12 puntos más.
Además, el Gobierno planea la reducción de los subsidios económicos, que se destinan a morigerar la suba en luz, gas, agua y transporte. Dicho de otro modo: habrá más tarifazos, luego del veto presidencial a la ley propuesta por la oposición. En ese sentido, planea reducir casi a la mitad (-48%) en términos reales ese ítem desde hoy al 2020.
Si los gobernadores peronistas han sido un sostén a la gobernabilidad, hoy tendrán un desafío mayúsculo: resignar gran parte de los 75 mil millones de pesos que se le destinan a las provincias como transferencias, independientemente de la coparticipación. Será un 74% en términos reales, lo que implica que prácticamente desaparezcan.
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