El gobierno nacional acaba de anunciar la intención de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de lo que significa en términos macroeconómicos este regreso al FMI, debemos analizar cómo va a impactar en la vida de quienes generan el 80% del empleo, que son de las pequeñas y medianas empresas argentinas.
El primer punto a destacar es que no se llega a este escenario por errores, casualidad o impericia, sino por la decisión política de darle prioridad a un modelo financiero y de primarización de nuestra economía, relegando a la producción y la redistribución del ingreso.
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Cada una de las medidas que adoptó el actual Gobierno fueron en detrimento de la industrialización y el trabajo. Comenzando por una devaluación que provocó una brutal pérdida del poder adquisitivo y una consecuente caída de ventas en el mercado interno de un 15% en 2016 y 10% en 2017, con una tendencia a la baja que continua durante los primeros meses del 2018. Al mismo tiempo, y como parte de la ideología neoliberal establecida, se produjo una suba indiscriminada de importaciones que en los últimos 2 años alcanzó un promedio del 60% de las unidades, sobre todo bienes de consumo.
El resultado fue que los productos importados fueron absorbiendo gran parte de un mercado que a la vez se achicaba. Cabe resaltar que el gobierno justifica esta apertura con el argumento de bajar los precios y cumplir con las metas de inflación, hecho que nunca sucedió, ya que la inflación acumulada hasta el momento es de casi un 75%. Esto ocurre porque la formación de precios no está en la parte productiva, sino en el resto de la cadena de valor (logística, energía, financiamiento e impuestos ), cuyos costos en su mayoría son regulados por el propio gobierno.
Al combo explosivo, debemos sumar la desmesurada suba de tarifas que hace que algunas pymes sean inviables y otras deban achicarse para poder subsistir. Este escenario explica los 72 mil empleos que se perdieron en el sector industrial, el cierre de más de 6 mil pymes y 10 mil comercios.
En el último mes el gobierno ha profundizado la crisis para los sectores productivos, a la suba del dólar que encarece todos los costos productivos, se agregó un incremento en la tasa de interés, lo que por un lado enfría aún más la economía y por el otro hace inaccesible cualquier posibilidad de financiamiento.
Muchas Pymes para poder generar alguna venta dan plazos de hasta 180 días a sus clientes y luego venden esos cheques en los bancos para hacerse de efectivo y pagar salarios u obligaciones impositivas entre otras cosas. Con las tasas actuales pierden rentabilidad y en muchos casos ni siquiera llegan a cubrir sus costos. El reflejó más claro de esta crisis son los 250 mil embargos a empresas pymes que la AFIP llevó a cabo durante el 2017.
Desde el día en que asumió, el Gobierno Nacional dijo que Argentina debía tener una “inserción inteligente en el mundo” y con ese objetivo siguió las políticas que le imponían los organismos internacionales para ser parte del mismo. En ese sentido planteó que nuestro país debía tener acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Bajo esta premisa el Gobierno intenta firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea a cualquier precio. La inserción que propone Cambiemos plantea la rebaja de todos los aranceles industriales para venderle a Europa 30 mil toneladas más de carne y algunos productos agropecuarios. Es la resignación de nuestra industria y la primarización absoluta de nuestra economía.
Como mencionaba al principio del artículo, no se llega a este acuerdo con el FMI por casualidad. Se llega como parte de una estrategia regional que nos destina a ser solo proveedores de materias primas, resignando la posibilidad de crecimiento, inclusión y desarrollo que tienen las naciones que deciden tener soberanía productiva.
Acceder a este préstamo significa aceptar todas las reglas que impone el FMI. Condiciones que ya conoce nuestra patria: achicar la inversión pública, flexibilización laboral, privatizaciones, ajuste de salarios, mayor apertura comercial. Todas estas medidas no hacen otra cosa que seguir reduciendo el mercado interno del que vivimos la mayoría de las Pymes. La firma de este acuerdo significará el golpe definitivo para una gran parte de las pymes argentinas y los puestos de trabajo que las mismas generan.
* Ariel Aguilar es presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del cuero y Afines (CIMA) e integrante de la Confederación Empresaria Argentina (CGERA).
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