El juez Julián Ercolini desestimó la denuncia contra Mauricio Macri por el préstamo con el FMI sin investigarlo. Para justificar el cierre de la causa, citó una ley que venció en 2010. La decisión será apelada por el fiscal Jorge Di Lello, quien imputó al Presidente por abuso de autoridad al endeudar al país por U$S 50.000 millones sin tener las atribuciones necesarias.
El Gobierno tiene prohibido endeudarse, a no ser con el consentimiento del Congreso Nacional. Sin embargo, como había publicado El Destape, el magistrado lo justificó el martes con la ley de administración financiera (24.156) sancionada en 1992. Con la reforma constitucional de 1994 se aclaró que todas las normas sin plazo establecido vencieran en 1999. La última vez que el Parlamento la prorrogó expresamente fue en 2009 y hasta 2010.
Más tarde, el Legislativo creó una comisión bicameral especial para revisar, estudiar y compilar todas las normas. Cuando abrieron a análisis las 2.400 normas incluidas en el anexo del llamado Digesto Jurídico Argentino (DJA), como indicaba la regulación, los parlamentarios recibieron 7.565 observaciones.
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Cuando finalmente fue modificado y elevado al pleno para votación se sancionó en 2014 la ley 26.939, pero no así el anexo con el DJA, donde efectivamente se incluyen todas las normas ordenadas y sistematizadas, ya que sólo contó con la aprobación de la Cámara de Diputados, pero no con el apoyo del Senado.
“Más allá de que no hayan sido resueltas las observaciones efectuadas a las normas que conforman aquel Digesto, se aprecia que la voluntad legislativa expresada hasta el momento ha sido la de mantener la vigencia de las normas que conforman la ley 24.156 (de administración financiera), entre las que se encuentra la que faculta al Poder Ejecutivo a formalizar operaciones de crédito público que no estén contempladas en la ley de presupuesto general del año o en una ley específica, cuando lo haga con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”, interpretó el juez en su fallo.
Para apoyar esta presunta “voluntad” del Congreso de entregarle superpoderes al Ejecutivo, el magistrado recordó que el 17 de mayo y el 2 de julio de 2018 Cambiemos presentó proyectos de ley que proponen “que sea suprimida la autorización prevista en la ley 24.159”. Con esto afirmó que Macri no actuó en contraposición a una norma y a sabiendas de tal ilicitud.
El magistrado sesga su interpretación a las presentaciones del oficialismo y considera válida la última versión del DJA. En primer lugar, omitió que el jefe del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja, Agustín Rossi, propuso una sesión especial para el 19 de junio. Allí, el mayor partido opositor requería expresar el repudio a las negociaciones con el FMI y reiterar la obligación de que las operaciones de crédito público y las condiciones sean analizadas por el recinto. Además, “La versión definitiva del DJA no ha sido publicada en el Boletín Oficial, toda vez que el proyecto de ley que aprobaba esa versión no fue sancionado por el Congreso”, aclaró el subdirector del Digesto Jurídico Argentino, Daniel Ayoroa. “El DJA no entró en vigencia”, resaltó el Legislativo en un informe de abril de 2018 ante el requerimiento de Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, al que El Destape tuvo acceso.
El exdiputado y el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciantes en la causa contra Macri por el FMI, no llegaron a presentarle esta documentación al juez Ercolini por no haber contado con la oportunidad. El magistrado le giró el expediente al fiscal sin llamarlos a ratificar su presentación y, ante el requerimiento de impulso de la investigación de Di Lello, resolvió desestimar la acusación.
El fiscal Di Lello consideró que el fallo de Ercolini fue prematuro, al impedir que se produzca la prueba que eche luz a este enmarañado asunto legal, comentaron fuentes judiciales a este medio. Con esta documentación en mano, la apelación que prepara la Fiscalía 1 obligará a la Cámara Federal a reabrir el expediente que tiene a Macri y al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, imputados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.
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