El escándalo por la revelación de que el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, testigo clave para condenar a Amado Boudou, tiene su primer capítulo judicial. A partir de la publicación de El Destape el juez Ariel Lijo, que tuvo a su cargo la causa Ciccone, presentó una denuncia para que se investigue el caso. La denuncia recaló en el juzgado 11, que ocupó Claudio Bonadio hasta su reciente fallecimiento. Parece que aún no actualizaron la máquina que realiza los sorteos en Comodoro Py.
En base a la información y los documentos publicados por El Destape, el juez Lijo hizo una denuncia y la mandó a sorteo. Pidió que se extraigan testimonios para que se investiguen los pagos a Vandenbroele por parte del Programa de Protección de Testigos, que incluyeron el pedido de $1.500.000 y el pago confirmado de $800.000 para poner en marcha el hotel boutique La Masia en Chacras de Coria, Mendoza. A la presentación del juez Lijo se van a sumar primero como denunciantes y luego como querellantes los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.
Los nombre de los responsables de estos pagos son clave. Los fondos provenían del Ministerio de Justicia bajo la gestión de Germán Garavano. Los responsables directos del Programa de Protección des Testigos eran el director Francisco Lagos, el asesor legal Guillermo Gresia y el coordinador de operaciones Juan Rebollo. Los operadores que oficiaron de nexo y control de Vandenbroele fueron Carlos Linsalata, un policía porteño convocado para trabajar en los casos de arrepentidos en las causas sensibles, y Jorge Adamowicz.
El juez Lijo fue clave en la persecución judicial a Boudou. Fue quien lo mandó a detener el 3 de noviembre de 2017 bajo el amparo de la por entonces reciente Doctrina Irurzun. Los ideólogos de esa detención se ocuparon de filtrar imágenes de Boudou descalzo y en pijamas cuando fue detenido en su departamento. El juez Lijo, además, ejecutó la estrategia judicial sobre el caso Ciccone con dos ejes: el ataque a Boudou y la protección de los nombres a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. El juez dividió el expediente y la parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi (que lo hizo mientras negociaba su ascenso) y María Gabriela López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la cajoneó. Moneta falleció impune y a Brito el juez Lijo le dictó una falta de mérito. Ahora, ante la publicación de El Destape, Lijo radicó una denuncia para que se investigue el pago a Vandenbroele por parte del Ministerio de Justicia era Macri.
La causa recaló en el juzgado que quedó vacante tras la muerte de Bonadio. Hasta ahora, mientras Bonadio tenía una licencia médica, el juzgado había quedado a cargo del juez Sebastián Casanello. Pero la cofradía del lawfare no quiere que sea Casanello quien tome las riendas de “la Embajada”, como habían bautizado al juzgado de Bonadio ya que allí no regía el derecho argentino. Son conscientes de lo que puede aparecer en los cajones que dejó Bonadio, por lo que los aún comandantes de Comodoro Py, encabezados por el camarista Martín Doctrina Irurzun, ya pusieron en marcha una estrategia para sortear nuevamente el reemplazante del fallecido juez.
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