A menos de dos semanas de que el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo sea discutido en la Cámara de Diputados, y luego de casi dos meses de debates a favor y en contra en el Congreso, los y las diputadas impulsoras de la iniciativa analizan cinco importantes cambios para lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
Si bien aún no están definidos, serían realizados en base al proyecto original de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y tienen como “único” objetivo “tratar de sumar la mayor cantidad de adhesiones al dictamen de mayoría” como respuesta a “reclamos” de sectores opositores, según aseguró a El Destape la diputada nacional Lucila De Ponti, del bloque Peronismo para la Victoria.
Objeción de conciencia: Aunque “todavía no está acordado” si se incluirá en el proyecto final, de ser así sólo aplicará para médicos individuales y no para instituciones en su totalidad. Para esto, “debería hacerse con un informe previo” y realizarse un “registro de objetores de conciencia” que se cierre en un momento dado.
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Consentimiento parental: Aplicaría para adolescentes de entre 13 y 16 años, en cuyos casos la madre o el padre debería prestar su consentimiento, aunque “está en discusión si tiene que ser un consentimiento informado o si solamente con la presencia del mayor alcanza”, afirmó De Ponti.
En el caso de que el embarazo sea producto de una violación por parte de un miembro de la familia, “debería iniciarse un proceso judicial en el cual interviene un equipo” para acompañar a la menor y “la persona autora o cómplice del delito es apartada" de la posibilidad de estar con la víctima en el procedimiento.
Abortos después de la semana 14: En el caso de interrupciones del embarazo luego de ese período con el justificativo de malformaciones fetales graves, se aclarará que sólo será en aquellos casos donde “no es posible la vida extrauterina”.
Además, en los casos de aborto por violación o riesgo para la salud luego de la semana 14, “hay una discusión sobre si lo deja establecido el Código Penal o no”, ya que bajo la legislación vigente desde 1921 “está garantizado ese derecho”.
Políticas públicas: De Ponti también adelantó que, entre las políticas reproductivas que podría plantear el proyecto, se analiza la posibilidad de incluir un artículo en el cual se establezca que los laboratorios públicos tengan que producir misoprostol, la droga utilizada actualmente para Interrupciones Legales del Embarazo y que constituye una de las maneras más seguras de realizarse un aborto.
Derecho a la información: “Se está evaluando la posibilidad e incluir un artículo en el cual se deje establecido que el Estado tiene que realizar una suerte de sistema de consejerías pre y post aborto donde se acompañe a la mujer en el proceso”, destacó la diputada.
En ese caso, podría haber un período “de tres días” en los cuales la persona gestante pueda tomar una decisión a partir de la información brindada.
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