El Gobierno nacional se prepara para traspasar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ) a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto es un viejo anhelo del Presidente desde que era jefe de Gobierno porteño y busca convertir a la Capital Federal en una guarida fiscal.
La maniobra del presidente Mauricio Macri alertó al equipo técnico del Frente de Todos porque puede complicar la transición y si se plasma, puede terminar siendo judicializado ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que se perfila a darlo de baja en cuanto el expediente entre bajo análisis.
Según reveló Ámbito Financiero, la propuesta se está analizando y se discute hace semanas, luego de las PASO, pero ahora adquirió el estatus de borrador listo para que la lapicera presidencial lo rubrique. El avance es una decisión política de Cambiemos para dotar de mayores facultades al distrito que será gobernado cuatro años más por Horacio Rodríguez Larreta y el reducto hacia donde el PRO se apalancará.
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La idea de crear una Inspección General de Justicia autónoma en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires permitirá un registro regulado bajo sus propios criterios para las sociedades jurídicas que se inscriban dentro de los límites de la General Paz. Así, la Capital Federal tendría vía libre para generar un territorio con menores regulaciones y controles para las empresas.
No obstante, la medida encuentra trabas en la autonomía constitucional que posee la jurisdicción capitalina. Pero alertó a opositores y especialistas respecto a las cualidades más laxas que tendrían las regulaciones para inscribir sociedades, lo que habilitaría -denuncian- para que sirva de terreno fértil para el establecimiento de empresas que busquen eludir controles sobre registros más estrictos, como en jurisdicciones denominadas offshore. Es el quid de la cuestión, no tanto el de la Propiedad Inmueble que no despierta mayores objeciones.
Además, desde el Frente de Todos sospechan que el combo de este traspaso podría incluir alguna definición vinculada al Puerto de Buenos Aires, traspaso que el macrismo visualizaba cuando todavía tenía expectativas respecto de la reelección.
Hasta ahora, sólo hubo una denuncia desde el gremio de portuarios respecto a las autoridades de la Administración General de Puertos SE por la aceleración del nombramiento de directores con mandato por tres años, al filo de la finalización de su gestión.
El traspaso del registro inmueble como del de sociedades no es una novedad: comenzó a tomar vigor junto con los planes de transferencia de los tribunales de la justicia nacional a la órbita capitalina. Fueron aprobados parcialmente en el Congreso, pero la situación quedó trabada en el Senado. El traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), ya tienen dictamen de comisión, pero con el recambio de autoridades el panorama podría paralizarse por completo.
Por eso en el PRO resucitaron la idea de un DNU. Los cuestionamientos judiciales girarán no sólo en torno al fondo de la medida, sino por la metodología de aplicación que justifique la "necesidad y urgencia". El DNU sería candidato a ser tachado de inconstitucional, advierten en tribunales.
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