A los tarifazos, las trabas burocráticas suman más problemas a los electrodependientes

09 de febrero, 2019 | 16.55

A casi dos años de que se haya aprobado la Ley de Electrodependientes, los pacientes deben esperar más de ocho meses para acceder al registro que establece la norma para que no les corten la luz que necesitan para vivir y para que la tarifa sea gratuita. A partir de que el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría, la situación se profundizó y en las últimas semanas varios pacientes vieron peligrar su vida porque las empresas eléctricas no dan una respuesta inmediata.

Entre el tiempo que tarda la Secretaría de Salud nacional en dar una respuesta ante los formularios que presentan los familiares de electrodependientes para inscribirse en el registro y el pésimo servicio de las empresas de energía eléctrica, la pelea se vuelve desgastante para las familias que se enfrentan ante un Estado totalmente ausente.

Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes advierten sobre la desidia estatal y cómo desde Edesur y Edenor desconocen parte de la ley que fue aprobada, promulgada y reglamentada en 2017. Según los datos oficiales, más de 300 solicitudes fueron rechazadas por la Secretaria de Salud y más de 600 se encuentran pendientes, entre las cuales, muchas de ellas llevan en lista de espera hace más de ocho meses.

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“Tenemos registro de demoras de ocho o nueve meses, los familiares presentan todos los papales y no obtienen una respuesta rápida. Hay demoras que son ilógicas y atentan contra la vida de las personas. Hay personas que iniciaron el trámite y ni siquiera les responden y eso significa la ausencia del Estado”, indicó el representante de AAED, Mauro Stefanizzi, en diálogo con El Destape y alertó que el área de Salud ni siquiera cumple con los canales de difusión para que se haga conocer los alcances de Ley entonces “muchos no se enteran que existe”.

Un caso testigo de esta falencia del Estado fue lo que le ocurrió a Gloria López con su papá Dionisio López de 65 años quien precisa bomba de alimentación y un aspirador de secreciones. Sufrio un ACV y tiene obstrucción suglótica. Necesita de la energía eléctrica para poder vivir y la semana pasada le cortaron la luz por falta de pago.

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Además, inició los trámite hace tres meses en el programa federal Incluir Salud para que le pudieran entregar la bomba de alimentación y el aspirador que necesita su padre y todavía no obtuvo una respuesta, por lo cual, todos los meses paga 6500 pesos por el alquiler de esos elementos y la situación se vuelve insostenible.

Desde noviembre que venimos pagando todos los meses el alquiler porque no nos responden de Incluir Salud. Ahora mi papá tiene traqueo y no puede estar sin ser aspirado. Tengo todo sellado, firmado por los médicos pero siempre me dicen que el mes que viene me lo van a dar y eso no pasa. Ya hicimos el reclamo pero no pasa nada”, expresó Gloria a ese medio.

Y relató: “Es difícil pagar todo lo que pagamos por mes. Alquilo y ya estoy retrasada con el pago. Me ayuda mi familia pero cada vez estamos más endeudados. La luz me la cortaron porque no pude pagar el mes pasado y se me acumuló una deuda de 2700 pesos”.

“Tuve que elegir entre pagar la luz o pagar la bomba y el aspirador porque mi papá tiene que comer”, sentenció.

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Además del tiempo que deben esperar los familiares hasta que se apruebe la solicitud para ingresar al registro de electrodependientes, las empresas desconocen “la última resolución que establece que si un familiar de un electrodependiente presentó el pedido, puede ir con el número de expediente que inició a las oficinas comerciales de la empresa para que lo registren como cliente sensible” mientras se espera la decisión final de la Secretari de Salud.

“En muchas oficinas comerciales eso lo desconocen y ya le pedimos a Edesur que capacite a los gerentes de las sucursales para que pongan un registro provisorio”, indicó Stefanizzi y sumó que “eso no sucede como tampoco ocurre que el Estado lleve adelante campañas de difusión de la Ley y que se asigne una partida presupuestaria”.

Así le pasó a la familia de Benjamín que viven en Mataderos. “Tuvimos que interceder frente a las autoridades de Edesur para que vuelva a tener suministro eléctrico. Le habían cortado la luz por falta de pago. No tenía restricción de corte porque no figuraba en ningún registro y su madre había iniciado el trámite el mes 09 del 2018, y aún espera respuesta de la Secretaría”, denunciaron desde la Asociación.

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Y la situación se repite, como le ocurrió a Edith González que vive en el barrio Villa Independencia de Lomas de Zamora: “Inicié el trámite en marzo del 2018 y en enero de este año me llamaron para decirme que lo vuelva a presentar porque lo habían extraviado y me faltaba un papel, entonces, no sé cómo saben que me faltaba un papel si lo perdieron el trámite. Ahora lo volví a presentar pero no me respondieron”.

La semana anterior estuvo 18 hs sin luz con temperaturas de 44° y Edesur tardó todo un día en entregarle un grupo electrógeno. “Me dijeron que estaba viniendo la cuadrilla y nunca llegó. Fueron los chicos de la Asociación quienes me acercaron el grupo, al rato llegó Edesur y a la hora cuando volvió la luz, enseguida estaban para llevárselo”, relató Edith con este medio.

Su hijo Facundo sufre de microcefalia con patologías múltiples, necesita estar conectado la mayor parte del tiempo porque “come de continuo” y “hace seis meses estuvo internado en donde le hicieron una traqueo por lo cual hay que aspirarlo de forma constante”.

Ante esta situación, la empresa le cobró en la última factura 25 mil pesos: “No puedo pagar esa suma y no la voy a pagar. Soy pensionada y recibo una pensión por viudez, la mínima. No me alcanza para nada y es todo una locura. No quisiera tener a mi hijo enchufado, hay días que me da impotencia y Edesur eso no lo entiende”.

En mayo se cumplen dos años de que se aprobó la Ley. Ahora sin Ministerio de Salud, la burocracia se profundizó, el servicio de las empresas eléctricas empeoró y mientras tanto, ante cualquier corte de luz, una vida corre peligro. El Estado, ausente.