La foto se repite. Permanece prácticamente intacta. Plomo en la sangre por la cercanía a uno de los ríos más contaminados del mundo. Parásitos intestinales por el agua turbia. Ratas a las que la gente del lugar bautizó como “perros” impresionados por su gran tamaño. Nacer y vivir a la vera del Riachuelo. Éstas son las historias de miles de familias que esperan algo que va a contramano del calendario: que se haga lo que hace casi diez años pidió la Corte Suprema, que se solucione el drama de vivir y morir sobre la podredumbre del Riachuelo, “una de las causas estructurales más importantes de América Latina”, según el Ministerio Público de la Defensa.
En 2004, hartos del olor, los dolores de cabeza y el miedo cada vez que abrían una canilla para llenar la pava, un grupo de vecinos demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), un hito tribunalicio donde la Corte Suprema de Justicia condenó el 8 de julio 2008 al Estado nacional, a Provincia y a la Ciudad. Les pidió garantizar la salud de los orilleros, mejorar el ambiente y reducir daños. Ellos contestaron con la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Su plan de cuidado ambiental y humano incluyó liberar las orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes). Desde hacía décadas estaban pobladas por villas y asentamientos precarios. Había (hay) que trasladar, según datos oficiales de hace siete años entre Ciudad y Provincia, a más 17 mil familias de 16 asentamientos.
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Desde 2011 se realizaron algunos traslados (apenas 138 familias) pero los que quedaron están en alerta sanitaria. ACUMAR informó en 2013 que el 25% de los niños que viven en las orillas tienen plomo en sangre. El estudio se hizo en la zona de la Villa 21-24, pero “en la 26 hay un montón de casos y no se estudiaron”, reprochó ante El Destape Gustavo Moreno, asesor de menores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta demora en hacer la obra pública implica que los chicos se van a seguir contaminando”, agrega. De hecho, hoy sigue vigente la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley Nº 5.628).
“La sentencia tiene ocho años, los plazos que la Corte fijó están vencidos y la situación va empeorando porque en el año 2016 no se cumplió con la relocalización”, dice Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en la CABA. A mediados de 2015 se habían mudado cerca de tres mil familias de Ciudad y Provincia, según el entonces titular de ACUMAR, Julio Torti. Pero los números son engañosos. “La población natural en estos diez años se incrementó un tercio, si no se soluciona ya, no van a hacer nunca las viviendas necesarias”, agrega Duacastella.
“Seguimos acá y eso significa que los hijos de nuestros hijos vienen al mundo con el riesgo de tener plomo en sangre. Son ocho años de incumplimiento. Una generación y que encima no está censada”, dice Teresa, una de las primeras habitantes del asentamiento Lamadrid.
Falta de fondos, cortocircuitos políticos, quiebra de las empresas contratadas para las obras, usurpaciones de las tierras. Muchos fueron los atenuantes en la demora. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública. Sus conclusiones las volcó en un fallo del 27 de diciembre. Si bien no escuchó a los vecinos de los asentamientos, hizo notar las deficiencias en el proceso de urbanización y traslado, asumido en 2008 con el fallo del a Causa Mendoza. Para ACUMAR representa un tirón de orejas. A más tardar el 1 de marzo deberá informar cuándo y cómo va a trasladas a las familias restantes y garantizar las condiciones sanitarias de los residentes de orilla.
“La presión de la Corte ahora es más fuerte porque se hizo evidente la falta de gestión de la causa”, dice la abogada Ana lanziani, que integra el Equipo de Abordaje Territorial 1 del Ministerio Público de la Defensa (Poder Judicial CABA), que representa a los vecinos en el caso.
El apuro de la Corte se mecha con el nuevo perfil de la administración porteña. A pesar de haber cajoneado años la urbanización de villas, ahora las impulsa con gran velocidad. Otros, como Duacastella o el delegado de Lamadrid consultado por este medio, ven una concordancia con desarrollos inmobiliarios: Lamadrid coincide con el Distrito de las Artes (como el Tecnológico de Patricios, allí no se cobra ingresos brutos a quienes desarrollen una actividad relacionada) en los predios de la Comuna 8 van a lindar con la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. “Es llamativo que estos barrios tengan impulso cuando están ligados a emprendimientos inmobiliarios”, se muestra escéptico el letrado.
El Destape consultó a ACUMAR cuáles serán los próximos pasos y cómo hará frente a los pedidos del a Corte. “Cambiamos autoridad esta semana. Nadie oficialmente puede dar respuesta. El 23 vamos a tener una relocalización en Villa Jardín en Lanús”, expresaron sus voceros.
“En Provincia la mayoría de las márgenes se relocalizó. En Villa Inflamable, en La Matanza. El grueso queda en Capital”, explica Antolín Magallanes, ex funcionario de ACUMAR (2013-2015). “Es una tarea ciclópea, es muy difícil de resolver porque a veces hubo problemas con las obras que se paraban”, añade y cuestiona: “Ciudad hizo poco y nada de vivienda, las ex autoridades del IVC hoy están en ANSES, ese tipo de funcionarios priorizaron para las jubilaciones”.
La villa 21-24 es la más populosa del proceso. Se compone estimativamente de 1338 familias. En estos años se trasladó a 110 (se pensaban 220) al Complejo Padre Mugica (General Paz y Castañares). Las restantes 840 quedarán en Barracas. Irán a Iguazú 1835 (ex predio Mundo Grúa). Tenían que estar antes de enero de 2013, hoy siguen a la vera del Riachuelo.
“Se tienen que ir 53 familias más en el transcurso de este año pero como están dadas las condiciones es bastante difícil que pase. Este proceso de relocalización de las familias que faltan completar el cupo de las 220 que nos impuso el juez Armella en su momento”, dice Mario Gómez, delegado de la Manzana 29 de la Villa 21-24, afectada por la relocalización.
El otro caso latente es la Villa 26. En los papeles judiciales, desde mediados de 2012 todos sus habitantes están trasladados. Sin embargo, de las 220 familias que lo componen, 108 fueron a Luzuriaga 837. A la vera del Riachuelo Serafina Falagán, presidenta de la Villa, recibe a El Destape. En el comedor que administra están reunidos vecinos para aprender a hacer insecticida casero y combatir así al dengue. Las ratas y cucarachas de alcantarillas que salen de los baños se combaten con escobillonazos y nervios de acero, dice ella. En cuando a la causa, se queja de que “los jueces recién ahora apuran y Ciudad ahora por el fallo se mueve, me pasé años y años pidiendo, sugiriendo terrenos y nada; recién ahora”. Aún así, lo que muestra es más esperanza que rencor. “Todo esto es fruto de la lucha, pero cuánto que se extiende”, suspira Serafina.
Para los vecinos de Lamadrid, a metros del Riachuelo y techados por la AU La Plata, Ciudad compró cinco terrenos. A algunos les ofrecieron créditos hipotecarios para mudarse a Provincia, pero otros vecinos quisieron quedarse en el barrio. Van a remover los escombros de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez, de vecinos que tomaron créditos y se mudaron lejos del barrio. En su lugar habrá una plaza. “Tenemos derecho a la ley 2240, para que nos relocalicen en zona, es anterior al fallo de la Corte y de la lucha de los compañeros”, explica Osvaldo De Marco, uno de los delegados.
El traslado en algunos casos tampoco fue una solución. “Esta semana me avisaron que mataron otro pibe en el complejo Mugica. En año nuevo también pasó, hay una falta de estado para prevenir estos hechos de violencia”, lamenta Duacastella al habla con este medio.
Familias del Camino de Sirga denuncian que en este predio de General Paz y Castañares hubo muchos hechos de violencia y que la situación no parece mejorar. “Los que se trasladan tienen que convivir con vecinos de otros asentamientos. Tanto es así que tuvimos que lamentar pérdidas humanos en estas cuestiones. Mataron pibes jóvenes, fallecieron en confrontaciones, la convivencia es muy difícil”, cuenta Mario Gómez.
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Serafina nos cuenta la charla que mantuvo con una vecina orillera trasladada al predio de Lacarra. “Ella me decía “yo tengo ganas de irme, vender, irme, es un caos, tiros robos”, me decía, es muy terrible, por eso hicimos presión ante el gobierno para no ir a esos predios”.
Duacastella habla además de las dificultades del desarraigo: “En la zona de Barracas y La Boca tienen centros de salud, las escuelas. A los barrios donde los mudan no hay infraestructura para recibir a una población vulnerable, se les hace más difícil”.
Tras el fallo de la Corte, el juez Jorge Rodríguez se entrevistó con vecinos del Camino de Sirga. Al escucharlos decidió que no se realice ninguna relocalización en el barrio Mugica.
Los referentes de los asentamientos hablan con las autoridades porteñas (IVC) a través de mesas bimestrales. En el caso de Lamadrid, la última fue en diciembre, esperan tener la próxima en marzo, cuando coincida con la presentación de ACUMAR. “Esperemos que todo lo malo que vivimos se termine pronto con los nuevos predios, que, después de casi diez años de hacer lo mínimo, no se haga todo de apuro para una especulación inmobiliaria o para la foto”, advierte Osvaldo De Marco, referente de Lamadrid.
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