A 23 años del atentado a la Embajada de Israel, son más las dudas que las certezas

17 de marzo, 2015 | 10.03

Se cumplen hoy 23 años del atentado a la Embajada de Israel y la causa no muestra mayores avances desde el fallo de la Corte Suprema en 1999, donde se afirmó que el hecho fue llevado a cabo por la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah. El expediente volvió a la tapa de los diarios luego del comentario del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quién expresó que la causa "era cosa juzgada".

La investigación está actualmente a cargo del secretario de la Corte Esteban Canevari y está caratulada como "Sumario instruido en la Cria. 15a. por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño con motivo del atentado a la Embajada de Israel". Al comienzo fue llevada adelante por el ministro Ricardo Levene (hijo), que impulsaba la teoría de una supuesta implosión. Fue criticado por Rubén Beraja, ex titular de la DAIA y acusado en el juicio por desviar la investigación de la causa por otro atentado: el realizado contra la AMIA.

¿Qué tiene confirmado la Corte?

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Julio Nazareno; Eduardo Moliné O' Connor; Carlos Fayt; Guillermo López y Gustavo Bossert aprovecharon el 23 de diciembre de 1999 una resolución donde sobreseyeron a la supuesta "testigo estrella" Nasrin Mohktari, una mujer iraní que finalmente no conocía nada sobre al atentado y la forma en que fue perpetrado. Allí establecieron que aquel 17 de marzo, una camioneta Ford F 100 ascendió a la vereda de Arroyo 916 y produjo de inmediato "una explosión de considerables dimensiones".

La explosión produjo la destrucción de la pared frontal de la sede, lo que provocó el derrumbe de todo el edificio. No sólo resultó afectada la Embajada sino también el complejo San Bernardino, integrado por la parroquia Mater Admirabilis, el colegio Josefa Capdevilla de Gutiérrez y el Hogar San Francisco, ubicado en la vereda de enfrente.

Los jueces resaltaron que el hecho ocurrió "minutos después de que la seguridad interna de la sede diplomática había concluido con sus rondas habituales y donde el personal policial, que estaba a cargo de la custodia externa, estaba ausente". Este punto es vital: habla sobre la preparación y premeditación del atentado.

La cantidad de fallecidos en el atentado fue también un punto de polémica: aunque se había hablado de 29 víctimas fatales, la Corte Suprema identificó a 22 personas. Se comprobaron lesiones en, por lo menos 346 personas. En 1999 habían declarado en la causa 180.

Otro de los puntos clave fue que, lejos de cerrar la causa, la Corte afirmó que se debía

"concentrar el objeto procesal en las líneas de investigación que se encuentran en pleno desarrollo". Esto es, encontrar a los responsables de la explosión de la camioneta, determinar quién fue el conductor suicidio y los diferentes nexos, tanto locales como en el exterior.

Los jueces señalaron como posibles responsables a Imad Mughniyah, Abd Al-Hadi Hamadi, el Jeque Hussein Ghabris, el Jeque Hussein Khalil, Nabil Kaouk, Hamze Zakaria, Muhammad Ali Mikdad y Hassan Mohamed Alí Izzeldine/Ezzedin, cada uno con funciones específicas. Sostuvieron que Imad Fayiz Mughniyah y Abd Al-Hadi Hamadi son quienes encabezaban dos de los clanes más importantes del Hezbollah y entre ambos dirigen el aparato de seguridad central y exterior del partido.

Citaron otra resolución, de mayo de 1999, donde afirmaron la participación de la Jihad Islámica y se hacen eco de una siete de cables diplomáticos, entre los que se encuentran escritos de la embajada argentina en el Líbano referidos a temores de ciertos países occidentales sobre secuestros y la "efervescencia" de Hezbollah después de la muerte de su secretario. También transcribieron un cable con la solicitada publicada en el diario An Nahar en la que el grupo Jihad Islámica se responsabilizó del atentado.

Últimos movimientos

En 2006, la Corte con su conformación de siete miembros se manifestó sobre un pedido de imprescriptibilidad realizado por uno de los querellantes en la causa, Carlos Sussevich. También solicitó que se lo considere como delito de lesa humanidad. Ricardo Lorenzetti; Enrique Petracchi; Elena Highton de Nolasco; Carlos Fayt; Juan Carlos Maqueda; Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay afirmaron que la causa se hallaba "en pleno trámite" y que no había ningún pedido de declarar la prescripción del expediente. ¿Por qué no había pedidos de prescripción por parte de los acusados o indagados? Básicamente, por qué no los hay.

Los jueces del Máximo Tribunal siguieron la linea de sus antecesores con respecto a la continuidad de la causa: "corresponde seguir adelante con la investigación" firmaron. Reiteraron las ordenes de captura contra los señalados como responsables en la causa. En los papeles, el expediente está a despacho de la Secretaría de la Corte. Hay exhortos con pedidos de colaboración librados por la Corte a diferentes países, la mayoría de ellos sin respuesta. La causa tiene 250 cuerpos y lleva 23 años. Los familiares todavía esperan.

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