Que las mujeres cada vez denuncien más no siempre es sinónimo de que creció la violencia. De hecho, hubo casos de personas que, después de años y años de sometimiento y flagelo, se acercaron a pedir ayuda en San Juan. Esto pasó porque, en estos últimos años, una de las prioridades del gobierno de Sergio Uñac fue sentar sus bases en la perspectiva de género y en el apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según las últimas estadísticas proporcionadas por la Dirección de la Mujer a El Destape, hubo 1100 denuncias en los dos primeros meses del año. Este número, representa a un centenar más que el año anterior, en el mismo periodo, lo cual no es poco. La comparación que cuentan como trasversal se presenta en base a los números de 2019, donde se registraron 800 denuncias más que en 2018, superando las 7000 denuncias. Los indicadores de este año, marcan que se podría alcanzar las 10.000 víctimas que piden protección. Esto se debe a que poco a poco, los organismos se fueron sumando en la tarea de recepcionar denuncias y acompañar a las víctimas en esta situación. En primer lugar, se encuentran los pedidos de protección por violencia psicológica. La sigue la violencia psicofísica.
En cuanto al rango etario de las víctimas, el mayor porcentaje, que comprende el 42% se ubica entre mujeres de 18 a 28 años. Le sigue el rango de víctimas entre 29 y 39 años. Ocurre lo contrario cuando se habla de agresores, ya que la ecuación se invierte. El mayor número de agresores en San Juan tiene entre 29 y 39 años, y le sigue la franja etaria descendente. El 13% de los agresores registrados poseen armas en domicilio; y según la estadística, el 75% posee un trabajo, contra el 30% de las mujeres que son violentadas y pueden tener un ingreso monetario digno, el resto se encuentra vulnerable a la violencia económica.
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No sólo las comisarias reciben denuncias, en San Juan, lo hacen los organizamos de cada municipio que están preparados para el acompañamiento integral de este flagelo. En el Poder Judicial, las fiscalías y los Juzgados de Paz también trabajan para recepcionar los pedidos de auxilio. Este último organismo, trabaja mucho en casos de violencia familiar y de género, sobre todo en departamentos alejados, donde es un hábito que los jueces y juezas de Paz se empapen de la situación de la población que, por lo general, es reducida cuando se trata de la periferia.
En el Gran San Juan, existen dos puntos donde se centralizan este tipo de casos y se abordan de una manera especial: la Comisaría de la Mujer (responde a la Secretaría de Seguridad) y el Centro de Abordaje para la Mujer, dependiente del Poder Judicial. Si una mujer llega con una denuncia a una comisaría, se la contiene y se la traslada, si es necesario o si la víctima lo desea, hasta la Comisaria de la Mujer, donde existen uniformados especializados en la materia. El 36% de las víctimas de violencia familiar efectuaron una denuncia en la Policía, aunque el 64% pidieron protección sin realizar denuncias, pero alertando a las autoridades sobre la situación que las aquejaba.
En el caso del Centro de Abordaje, es un proyecto piloto que comprende la posibilidad de iniciar el proceso judicial junto con el acompañamiento psicológico y la contención legal. Este último espacio, se creó a partir del histórico recambio que hubo en San Juan en la Corte de Justicia, donde sólo hubo hombres durante más de 20 años. Ahora, la llegada de una mujer le dio el toque de género que necesitaba la Justicia. La jueza Adriana García Nieto se convirtió en la primera mujer presidenta de la Corte en la provincia cuyana.
Precisamente, se ha inaugurado este fin de semana el espacio de lactancia para las mujeres que están en proceso de amamantamiento con sus bebés y que trabajan en el Poder Judicial. La llegada de Flagrancia en casos de violencia de género, fue otro de los pasos históricos que se dio, en este sentido. Todos los días, un caso de violencia en los que los agresores son detenidos y atraviesan un juicio exprés en 48 horas. Además de eso, las ordenes de restricciones de acercamiento y comunicación se han vuelto un recurso muy utilizado que antes, era muy difícil de lograr.
“Antes de que se produjeran cambios en la Corte, nos costaba mucho lograr medidas cautelares en los juzgados. Esto ha cambiado porque hay un acompañamiento actual del Poder Judicial y una orden explícita de darle prioridad a estos casos”, explicó la titular de la Dirección de la mujer, Adriana Ginestar. Precisamente, en este último tiempo, incluso, hubo casos en lo que los jueces y juezas ordenaron detenciones por falta de apoyo alimentario o incumplimiento en los deberes de la cuota establecida, lo que también aportó a evitar la violencia económica.
Otro de los datos en los que se base el gobierno para demostrar los resultados positivos de estos cambios tienen que ver con el porcentaje de mujeres que llegaban a denunciar sin cuota alimentaria definida por la Justicia. “En 2018, sólo el 5,5% de las mujeres víctimas de violencia tenían una cuota alimentaria”. Esto cambió con la implementación de la ley de género en San Juan, donde es una regla indiscutible que los magistrados busquen fijar una cuota en el marco de un proceso penal semejante o civil, en caso de divorcio.
Desde el Gobierno, las políticas de género se han convertido en una prioridad. Incluso se advirtió un cambio trasversal en el nombramiento de cuatro mujeres al frente de las carteras más importantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el de Gobierno, el de Turismo y el de Salud. La implementación de la Ley de Paridad de Género, que está presente en las internas que se celebrarán en el PJ local en marzo, también marcaron un hito que muestra la intención ideológica de empoderar a la mujer sanjuanina, en todos sus ámbitos y acompañar a las que padecen la vulnerabilidad y el machismo.
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