El 13 de octubre, la presidenta de Chile Michelle Bachelet anunció por cadena nacional los mecanismos para la elaboración de una nueva Constitución nacida en democracia. Sin medias tintas, recordó que "la actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría".
Para llevar adelante estos cambios, el gobierno de Bachelet tuvo que reformar el sistema electoral vigente en Chile desde la dictadura como una de las formas de garantizar una mayor representación parlamentaria y realizar transformaciones fundamentales que la derecha chilena trató de impedir durante años, y que todavía rechaza. Por eso, Bachelet planteó que será el nuevo Congreso surgido de las próximas elecciones de 2017, y que asumirá en 2018, el que deberá hacer las modificaciones, ya que contará con mayor legitimidad y representatividad.
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La presidenta también señaló su intención de que el proceso sea participativo e involucre a la sociedad a través de debates en todos los niveles y no quede reducido solamente al ámbito parlamentario.
El proceso no estará exento de complicaciones y obstáculos. A partir de marzo de 2016, se realizarán diálogos participativos en todas las regiones y en el segundo semestre de 2017 se presentará ante el Congreso la nueva Constitución. Pero el trámite no será sencillo ya que la actual no contempla los mecanismos para elaborar una nueva, justamente lo que querían evitar los colaboradores de Augusto Pinochet que la redactaron en 1980.
Los últimos procesos constituyentes en América Latinase han caracterizado por dos modalidades diferentes. Por un lado están aquellos que han modificado las leyes fundamentales del país por la vía parlamentaria en base a acuerdos entre las principales fuerzas políticas, como fue el caso argentino en 1994. Por el otro, aquellos como en Venezuela, Ecuador o Bolivia que convocaron a la ciudadanía a participar activamente de Asambleas Constituyentes. En su primer discurso como presidenta, el 11 de marzo de 2014, Bachelet, desde el balcón del Palacio de la Moneda, frente a la Plaza de la Constitución dijo: "Mi compromiso es que esta plaza sea la plaza de la constitución, de una constitución nacida en democracia". Es justamente lo que planteó el último 13 de octubre.
En apariencia, la iniciativa actual de la presidenta Bachelet es una combinación entre ambas modalidades. La gran pregunta es si la ciudadanía se sentirá convocada a un proceso que parece estar marcado por tiempos muy largos y cuya definición recién pasará por el congreso que sesione en 2018. ¿Cuál de las dos modalidades se impondrá en Chile? Por ahora no queda claro.
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