La única novedad que aporta el documental pro-genocidas Será Venganza es la polémica que se generó por la suspensión de su proyección en la Feria del Libro y que, por primera vez, se pone en formato audiovisual los argumentos rancios de los apologistas de la última dictadura para apuntar contra los juicios de lesa humanidad. El resto, una triste y conocida pulseada por la impunidad.
El título original del documental iba a ser "Memoria, Verdad e Injusticia"
El director del video, Andrés Paternostro, originalmente planeaba llamarlo Memoria, Verdad e Injusticia – modificando con sorna el reclama histórico de los organismos de derechos humanos en el país. Según él, esos fueron los tres ejes que estructuraron el documental de 47 minutos que terminó publicando un portal de noticias, aduciendo que había sido censurado en línea con la preocupación que expresaron los dueños de los grandes medios agrupados en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Como hilo del relato de la película que coprodujo el Centro de Estudios Salta – una de las usinas de “memoria completa”, aparecen los testimonios de siempre: abogados defensores, hijos beligerantes y compañeros de armas.
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El Nunca Más que falta
La película intenta justificar los crímenes de la dictadura – que no se muestran ni se denominan de esa forma, simplemente se eluden – a partir de la descripción de los años ’70 del general retirado Heriberto Auel, quien saltó a la fama diez años atrás por negar la existencia de campos de concentración.
Distintos testimonios apuntan a justificar el rol del llamado “Camarón”, el tribunal creado para perseguir a integrantes de las organizaciones de izquierda durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Entre ellos, el constitucionalista Gregorio Badeni, que fue funcionario de esa Cámara, y Enrique Munilla, el abogado de Jaime Smart, el condenado ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. Smart, en prisión domiciliaria desde principios de año, es probablemente uno de los emblemas del silencio de los ideólogos y ejecutores del genocidio: según contó su hijo en el libro Hijos de los 70, propone resguardar información de los desaparecidos y de los bebés robados hasta 2040, cuando ya sea improbable que estén vivos los familiares que hace décadas los buscan.
Uno de los testimonios del documental es de quien propone resguardar la información de los desaparecidos y niños apropiados hasta 2040
Quien pone en palabras el reclamo de estos sectores es Guillermo Jesús Fanego, el abogado que fatigó al tribunal del juicio ESMA con un alegato de más de un año: faltó un “Nunca Más del terrorismo”. La demanda de Fanego tiene su correlato en la justicia con el pedido de reapertura del caso Argentino Larrabure que tramita en la justicia de Rosario y que podría permitir juzgar a los militantes de los años ’70.
¡Apunten, fuego!
La reapertura de las investigaciones por delitos de lesa humanidad – que se empezó a gestar en los tribunales porteños en 2001 -- es el gran eje de la discordia en el documental. A través de voz del abogado Ricardo Saint Jean se denuncia que la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue resultado de un pacto entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El mismo Saint Jean – hijo del gobernador de facto de Buenos Aires que quería matar a todos -- apunta en la película también contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por sostener que los juicios de lesa humanidad son una política de Estado. “Lorenzetti es el secretario general de un gremio”, suelta. El supremo viene siendo el objeto de ira de los grupos pro-militares desde 2011, cuando lo escracharon mientras presentaba el libro que escribió con Alfredo Kraut, Derechos humanos: justicia y reparación.
La exprocuradora Alejandra Gils Carbó es la tercera en la mira de los entrevistados de Paternostro. Según el perito Mariano Castex, Gils Carbó habría instruido en abril de 2015 a todos los fiscales para que se opusieran a la morigeración de las condiciones de reclusión de los represores. Castex es, entre otras cosas, perito de Diego Lagomarsino en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Sus "mártires"
El documental de Paternostro termina con unas placas con estadísticas propias de los represores muertos mientras esperan o purgan condena. No los llama represores, sino “presos políticos”. Dice que los muertos son 438. Para dejar en claro que éste es reclamo que ahora tiene como destinatario a Mauricio Macri, agrega que 97 lo hicieron desde el 10 de diciembre de 2015.
El director sólo se centra en un caso: el del coronel Hugo Jorge Delmé, condenado a prisión perpetua por crímenes en Bahía Blanca. Dos de los hijos del militar y la esposa, esgrimen que fue injustamente condenado, que era un oficinista y, por último, que no recibía la medicación adecuada mientras estaba detenido. Delmé murió el año pasado a los 80 años en la unidad 34 de Campo de Mayo, la cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) destinada a represores y el destino que la mayoría de ellos les pidió a los jueces que entienden en sus causas. Según estadísticas del propio SPF, de los 231 presos por lesa humanidad, 97 están en Campo de Mayo, la prisión que rehabilitó el macrismo a fines de 2016.
Nada nuevo bajo el sol.
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