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Según la determinación del juez previsional Juan Fantini, en una causa de un jubilado que inició la demanda en 2005, corresponde calcularle la sentencia y su nuevo haber en base al índice de la nueva ley y no el que venía usando el poder Judicial a partir del fallo Badaro. Esa medida significa reducir a la mitad el dinero que iba a cobrar el jubilado.
Hasta la sanción de la ley, las jubilaciones se actualizaban por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), que entre 1995 y 2009 acumuló un alza del 435%. Con la ley ómnibus (que incluyó blanqueo de capitales, entre otros puntos), las sentencias a jubilados y el nuevo haber se actualizan en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en el mismo período subió solo 178%. De ahí la diferencia.
En declaraciones al matutino Clarín, el abogado Adrián Tróccoli criticó la decisión del magistrado, a la que consideró "una grave violación a los derechos de los jubilados, que hace que quienes vieron sus juicios más demorados vean sus haberes tan disminuidos por aplicación de un índice que no llega a cumplir con los estándares fijados por la Corte Suprema hace 8 años".
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