El presunto sistema de recaudación ilegal macrista, denunciado por Rodolfo Tailhade en Comodoro Py, incluye una compleja red de empresas, testaferros, préstamos de bienes y sesiones de acciones para ocultar un intrincado entramado de corrupción bajo el ala del Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión anterior y que sólo en 2019 habría colectado más de $1.000 millones. Rodrigo Sbarra, quien se olvidó un sobre con US$10.000 en el despacho que ocupó como secretario de Coordinación de Producción, fue señalado como uno de los encargados de recaudar esa caja pero no es el único eslabón del mecanismo.
El escándalo, que cobró notoriedad gracias a ese despiste, incluye como parte central a Sebastián Martín Bideberripe, un médico traumatólogo de Florencio Varela que en 2016 fue nombrado como director de administración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y registra una denuncia por hechos similares a lo expuesto por Tailhade. En este caso, por la ONG Centro de Control de Políticas Públicas que, en 2017, lo acusó por la compra ficticia de artículos a Ferretería DZ, en Quilmes, que tiene como socio a Maximiliano Carlos Guida. Éste fue mano derecha del funcionario en cuestión en el INPI y posteriormente en el ministerio.
Bideberripe hizo dupla con Sbarra, según la denuncia, en el sistema de recaudación ilegal. Estuvo a cargo de la Coordinación Administrativa de Trabajo - cargo similar al que su compañero tenía en Producción - y ambos tuvieron a su cargo la autorización de pagos. Los dos respondían a Ignacio Pérez Rivas, el jefe de Gabinete de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, sobre el avance de la colecta. Se trata de un hombre de extrema confianza del primer funcionario citado ya que lo acompañó en el mismo puesto en su paso por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Sebastián Martín fue designado como representante oficial del ministerio de la Producción en el consejo directivo del Organismo Argentino de Acreditación en 2018 y a finales de ese año asumió su puesto en la secretaría de Trabajo. Previo a ello, en octubre, constituyó la sociedad anónima simplificada Alvear 833 S.A.S., habilitada el 30 de agosto de 2019 por la municipalidad de Quilmes bajo el nombre de Boguá, un bar de tapas ubicado en el centro de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.
El negocio de las S.A.S. pareció rentable porque en abril de 2018, con 18 años de edad, una de sus hijas - María Guadalupe - constituyó una de estas empresas, Danielita Bornaschella, en Berazategui, y figura como administradora suplente de Hudson Medical Aesthetics & Wellness Center S.A.S. Junto a su hermana Martina compraron, en septiembre de 2019, una propiedad en Hudson a Claudio Daniel Giménez (cuya adquisición fue publicada en Brotes Verdes por C5N), que fue apuntado como el valijero del entramado ilegal y testaferro de Sbarra.
Sbarra fue el presidente de la firma Arquigreen S.A. hasta febrero de 2017. Se trata de una compañía familiar a la que renunció en esa fecha para ser reemplazado por Clarisa Camacci, su esposa, y Giménez como director suplente.
Como Bideberripe, Giménez también trabajó en el INPI hasta 2016 y tuvo el 16,7% de las acciones de Arquigreen. Sin embargo, según detalla la acusación, en septiembre de 2019 se produjo un conflicto dentro de la organización y el valijero se habría quedado con $40.000.000 de la recaudación ilegal. Ante esta situación, Sbarra y Bideberripe comenzaron a amenazar al supuesto testaferro hasta que sellaron la paz.
Claudio Daniel se quedó con los cuarenta millones de pesos pero salió de Arquigreen y las sociedades anónimas simplificadas que el hombre del sobre armó para ocultar bienes y facturarle al ministerio de la Producción, según consta en el texto judicial. Así, las acciones volvieron al exfuncionario que las adquirió por la módica suma de $2.000, lo que parece parte de un acuerdo y no de una transacción comercial.
El contador amigo del valijero Giménez, Santiago Javier Romero, también funcionó como supuesto testaferro de Sbarra, en este caso al frente de Depuración General Sustentable S.A.S. que dio, a modo de comodato, un Chevrolet Cruze 2018 a Maximiliano Guida, la mano derecha de Bideberripe. Guida vive en Florencio Varela, es licenciado en administración y en sus redes sociales asegura trabajar para "Estudio Integrar". Lo llamativo es que una de las sociedades anónimas simplificadas que le facturó al Ministerio de Producción y Trabajo, según se desprende de la información proporcionada por las fuentes, es Produtecno que aportó como contacto el e-mail laura@estudiointegrar.com. Los nombres se repiten.
Puntualmente, se trata de Integrar Soluciones y Desarrollos S.A., una sociedad conformada por Guida, Sebastián Emanuel Pasqualino y Bernardo Martín Dellagiovanna en diciembre de 2016 y habilitada, en mayo de 2019 por la municipalidad de Quilmes, como local de venta de ropa en peatonal Rivadavia 111. La mano derecha de Bideberripe también aparece en otras sociedades: Medibien S.A., creada el 23 de octubre de 2018 con Lucas Andrés Cottet, y como presidente de M.B.I.T. Insumos Textiles Comerciales el 28 de agosto de 2017.
Giménez vuelve a sonar en el entramado mediante su hermano, Lucas Esequiel, quien figuraba como presidente de Desarrollos Digitales Globales S.A.S. Dicha sociedad, según el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, es propietaria de un Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que fue entregado en comodato a Sbarra.
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Así, según la información manejada para la denuncia, el entramado detrás del sistema de recaudación ilegal incluye una amplia red de conexiones entre los implicados, empresas compartidas, pasadas de mano en mano y supuestos "préstamos" de bienes que, según la hipótesis, eran dados por las empresas que ellos mismos tenían bajo nombres de terceros, testaferros.
En declaraciones a El Destape Radio, el diputado denunciante explicó que "montaron un sistema de recaudación paralelo. Se inventaban facturas, en otros casos se inflaba el monto final" y sostuvo que "las empresas que emitían esas facturas habían sido en su mayoría armadas por esta estructura, y el retorno del monto invertido era casi total",
En su denuncia, Tailhade manifestó que Sbarra y Bideberripe fueron los encargados de recaudar el dinero obtenido de forma ilegal y recogido en distintas oficinas por Claudio Giménez, el valijero. Lo cobrado iba a parar a unas oficinas ubicadas en Belgrano 406, en la Capital Federal, donde era recibido por María Fernanda Inza, la cabeza que Cambiemos entregó en la provincia de Buenos Aires cuando El Destape reveló el escándalo de los aportantes truchos.
Según consta, el dinero provino de 800 empleados contratados que, sin realizar tareas en el ministerio o secretaría, entregaron el 70% de su salario al armado corrupto; la aprobación de compras de bienes y servicios con montos sobrefacturados y la aparición de este entramado de sociedades anónimas simplificadas para ocultar el trasfondo ilegal de los bienes adquiridos y emitir comprobantes a la cartera manejada por Cabrera y Sica consecutivamente. Ahora, con la denuncia radicada en Comodoro Py, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita deberán avanzar con la investigación.
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