Por Darío Gannio
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) exigió hoy a la Argentina que elimine las trabas a las importaciones, pero desde el Gobierno aseguraron que esto no tiene que aplicarse de inmediato y que evaluarán la respuesta. Ahora, el país podrá negociar con los demandantes qué hará durante el próximo año.
"No hay efectos prácticos inmediatos de este fallo" le dijo hoy a El Destape el secretario de Comercio, Augusto Costa, encargado de la defensa argentina contra la OMC, que criticó los límites a través de denuncias de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. "El Gobierno está analizando y evaluando los pasos a seguir", expresó el funcionario, que agregó: "no hay consecuencias negativas para el comercio exterior".
Se trata de una denuncia contra las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), el formulario que utilizan los empresarios cuando quieren traer al país productos desde el exterior, que va contra el artículo 11 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual pide no restringir la entrada de bienes.
Sin embargo, la administración del comercio exterior seguirá como hasta ahora, al menos hasta el recambio presidencial. Es que el Gobierno tiene 60 días para llamar a los tres demandantes y negociar cómo se va a negociar el fallo de la OMC. El país podría ofrecer continuar con el mismo sistema, pero con algunos cambios moderados repartidos en varios meses para poder seguir utilizándolo.
Una vez vencido ese plazo, si no hay acuerdo, la OMC convoca a un tribunal, que se tomará tres meses para expresar cómo se debe implementar la sentencia. Esa aplicación podría ser una recomendación de la OMC de eliminar las DJAI en un plazo que podría ser incluso de medio año o diez meses. Por lo tanto, difícilmente sea la administración de Cristina Fernández la que aplique las modificaciones.
Además, de los casi 500 casos que trató la OMC, en ninguno debió aplicarse inmediatamente el fallo y el país cuestionado debió cambiar su sistema de comercio. De hecho, de esas denuncias, la mayor parte son contra Estados Unidos y la Unión Europea por parte de países emergentes y hasta de otras potencias.
Lo cierto es que lo que prohíbe el GATT es limitar la importación, pero permite tener impuestos aduaneros excesivos, lo que habilita a Estados Unidos a cobrar hasta 300% en la entrada de algunos bienes y a la Unión Europea de tener tasas de hasta 600 %. No obstante, los miembros del Mercosur tienen un límite autoimpuesto del 35% que ya no pueden modificar.
Por eso, los países de la región se ven impulsados a "innovar". Es el ejemplo de Brasil, que cada vez que la OMC le prohibió usar una de estas formas novedosas, inventó una nueva en pocos meses.
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