En medio de carteles de "Justicia por Rodrigo y Rolando" (los niños que fallecieron en el taller clandestino de Flores a principio de mes), arrancó ayer en la Legislatura porteña una sesión especial en la que los diputados de la oposición porteña presentaron un proyecto para solicitar la interpelación de dos funcionarios del PRO –el subsecretario de Trabajo y Comercio, Ezequiel Sabor; y el titular de la AGC, Gómez Centurión- por la muerte de los dos chicos el pasado 7 de mayo.
Los opositores porteños lograron el quórum necesario para iniciar la sesión especial ya que el interbloque del Frente Eco, que en un primer momento no había sumado su firma al proyecto original, decidió acoplarse al reclamo. De hecho, en plena sesión, Maximiliano Ferraro afirmó: "Tenemos que acostumbrarnos a que los funcionarios vengan a rendir cuentas y que el partido de gobierno no lo sienta como un atropello". Sin embargo, para no quedar tan mal con la administración capitalina también pidió que se presente Carlos Tomada a dar explicaciones a nivel nacional pero ni la presidente del bloque del PRO en la Legislatura avaló la iniciativa.
Pese a contar con la cantidad de apoyos para iniciar el debate, en la votación el proyecto quedó trunco por la negativa del PRO, que logró frenar el avance ya que para habilitar la tabla se necesitaban dos tercios de los votos y la iniciativa obtuvo 31 positivos, 26 negativos y 1 abstención.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Al comenzar la sesión, la legisladora por el PRO, Carmen Polledo, pidió "un minuto de silencio" por los chicos fallecidos en el taller clandestino de Páez 2796. Sin embargo, luego votó en contra. "El PRO puede pedir lo que quiera pero después deja en claro que no le interesa la interpelación a sus funcionarios y que no le interesan las inspecciones, un minuto de silencio es sólo un homenaje, no una respuesta política", aseguró a este medio Nahuel Berguier, el abogado de la causa por la muerte de los dos nenes.
Además, agregó: "Ayer hubo una clara decisión del bloque macrista de no sentarse a discutir qué pasó. Las inspecciones de este gobierno dejan mucho que desear y quedó claro en la Legislatura que el oficialismo porteño busca impedir que se sepa qué pasó".
En la Legislatura, todos los opositores se mostraron de acuerdo en que al macrismo no le interesa interpelar a sus propios funcionarios como así tampoco tener una política clara de habilitaciones en la Ciudad. "Sobran los inspectores para clausurar centros culturales pero no talleres clandestinos, hay una sucesión de muertes evitables porque el Estado se retiró de la función social", aseguró Gabriela Cerruti mientras Pablo Ferreyra destacó: "El gobierno de la Ciudad hace la mirada para otro lado frente a los talleres que esclavizan y benefician a las grandes marcas. Exhiben esa ropa que casi te diría está manchada con la sangre de los que sufren el trabajo esclavo".
El PRO no se quedó callado pero la respuesta no fue en la sesión sino esa misma noche por otra vía: la clausura. Según denuncia en su página oficial Seamos Libres, anoche fue cerrado el centro cultural El Surco: "Los inspectores llegaron con la intención de cerrar el histórico local de Seamos Libres. No dudaron: buscaron hasta encontrar. No se iban a ir sin pegar la faja naranja para intentar clausurar a la cultura popular. No es un problema legal, ni siquiera edilicio y mucho menos de seguridad. Es un problema político", agregaron.
Jonathan Thea, referente de la organización, respondió con dureza vía twitter: "Parece que para el carapintada Centurión los jóvenes militantes son factor de riesgo...", disparó.
Ayer, durante la sesión, Gustavo Vera increpó a los legisladores del PRO para que aprueben el proyecto: "Ustedes fueron impulsores del juicio político a Ibarra y ahora lo único que cambia es la cantidad de muertos así que sean lógicos y llamen a sus funcionarios a dar explicaciones". Además, aclaró que él ya había denunciado la existencia del taller clandestino en Páez 2796 y que también hay uno en frente, en Páez 2755 que tiene una caldera adentro: "Si se incendiaba éste, se quemaba la manzana entera y la situación sería otra", afirmó.
Carmen Polledo, la legisladora por el PRO, explicó que no votarían a favor porque la sesión era producto del "oportunismo político": "Nosotros también queremos saber lo que pasó y queremos justicia pero no vamos a usar la muerte de estos chicos para beneficio personal y en diciembre se va a terminar esta forma nefasta de hacer política en Argentina".
Esclavitud del siglo XXI: Crónica de una muerte anunciada
Desde la fundación La Alameda, que recopiló información sobre estos lugares, aseguraron que en lo que va de 2015 ya denunciaron 170 talleres clandestinos, que descubrieron tras el siniestro en Páez 2276, y que en el 2014 ya habían denunciado 482 casos.
Además, junto con agrupaciones como Floresta de Pie, Versailles de Pie, Once de Pie, Unión Vecinal de Villa General Mitre y vecinos de distintos barrios elaboraron un mapa de los lugares donde hay trabajo esclavo.
El caso de Rodrigo y Orlando, los chicos por los cuales se pidió el minuto de silencio, era perfectamente evitable. Según explicó ayer en la Legislatura Gustavo Vera, el 24 de septiembre de 2014 su fundación había presentado una denuncia sobre seis talleres clandestinos, entre ellos en donde murieron los nenes y aclaró que lo único que hicieron desde el Ejecutivo fue mandar un oficio al Ministerio de Justicia de la Nación y al gobierno de la Ciudad y que en Abril llegó un oficio del gobierno de la Ciudad diciendo que en los sitios mencionados no había inspecciones.
José Cruz Campagnoli, el legislador por Nuevo Encuentro que presentó el proyecto, dialogó con El Destape y no se mostró sorprendido por la decisión del PRO: "No tienen interés político en desmontar las redes de explotación. Por una parte, porque parece que esos talleres producen ropa para importantes marcas pero además porque requiere mucha inversión del Estado y a ellos no les sirve ni electoralmente así que no les importa".
Asimismo, aclaró qué cree que se debería hacer: "Habría que crear un centro de indumentaria que es una organización de cooperativas textiles que tenga apoyo del Estado y que pueda negociar con las empresas. Esto hay que hacerlo porque si tan sólo desmontas la red de explotación pero no le das a esa gente que trabaja en talleres clandestinos una opción para vivir mejor, van a seguir eligiendo trabajar informalmente para por lo menos comer".
Y aportó números para ilustrar sus afirmaciones: "Hace cinco años que en la Ciudad de Buenos Aires el trabajo informal es del 27% pero hay un dato curioso: en la comuna 7, donde murieron los chicos, es de 5% más y allí, con un 32% de trabajo informal, disminuyeron los controles".
Las auditorías están ausentes no sólo en los talleres clandestinos sino también en el boliche Beara, Iron Mountain, el geriátrico donde recientemente murieron cuatro abuelos, el gimnasio de Urquiza y el derrumbe del edificio en Batolomé Mitre, por sólo citar algunos de los casos más rimbombantes de los últimos años. Sólo suman dudas a una gestión que ¿mira para otro lado?
Cerrar sesión