En las elecciones de 2015, 2017 y 2019 el caballito de batalla de Cambiemos fue “la lucha contra el narcotráfico”. Fue su promesa de campaña y la única que pudo mantener “en pie” cuando terminó el 10 de diciembre. Ahora, los datos relevados por la ONG Reset Política de Drogas y Derechos Humanos, da cuenta que el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich solo llevó adelante una política demagógica punitivista que apuntó a criminalizar a consumidores y a los bajos eslabones de la cadena de comercialización.
Según un informe de la organización, en los años 2016, 2017 y 2018 se iniciaron 30.185 causas por “tenencia simple o para consumo” o por el cultivo, siembra o guarda de semillas y el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, “gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos, unos 122 millones de dólares, más de 40 millones de dólares por año”.
Sólo en las causas por tenencia se gastaron 84 millones de dólares en los tres años. Los datos dejan en evidencia – advierte el informe - que “la persecución y criminalización de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva”.
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En diálogo con El Destape, el presidente de Reset, Mariano Fusero, criticó que “la lucha contra el narcotráfico de Cambiemos estuvo plagado de datos que hay que empezar a desmitificar porque muchos datos que le sirvieron para una gran campaña publicitaria, está basada en cierta demagogia punitiva que tuvo Cambiemos y todo gobierno relacionado con la derecha”.
Para la ONG, el Gobierno anterior “simuló un éxito de la lucha contra las drogas por la incautación” pero en realidad se llevó adelante “una demagogia punitivista que se hizo en base a una propaganda publicitada y fogoneada en contexto electorales” y en cambio “no se tomó en cuenta otros indicadores de eficacia como es el respeto de los derechos humanos de la población o cómo la población consumidora de sustancia se acercó a los servicios sanitarios”.
A modo de ejemplo, Fusero explicó que “el tema de incautaciones es independiente a de la política criminal local porque está relacionado a la producción de sustancias a nivel regional”. En la región, existen países en los cuales “se producen dos de las sustancias más consumidas que es cocaína y marihuana” pero en el caso de Argentina el caso es distinto porque “es un país consumidor, no productor”.
Fusero advirtió que con una política punitiva como llevó adelante Cambiemos “no se persigue al narco grande"
“Intentan mostrar que es una cuestión matemática de oferta y demanda, pero eso no funciona porque no somos un país productor. Entonces, toda demagogia punitiva para los gobiernos que saben que representan determinado sector poblacional que exige el combate del consumo de drogas con mano dura, muestran intolerancia hacia un fenómeno que denominan como flagelo y epidemia”, detalló el especialista y subrayó la ineficacia de esta política para combatir el narcotráfico.
En ese sentido, Fusero advirtió que con una política punitiva como llevó adelante Cambiemos “no se persigue al narco grande como tampoco hay causas sobre el lavado de activos”. Por el contrario, se persigue “al bajo eslabón de la cadena de tráfico que se encuentra en narcomenudeo o las mal llamadas ‘mulas’ que es el traspaso de sustancias por fronteras”.
Mientras tanto, en la punta de esa pirámide que hace al narcotráfico están “los grandes banqueros, empresarios y el lavado de activo” quienes no son perseguidos. “Es un negocio transnacional y el negocio está monopolizado por el principal consumidor de sustancias prohibidas que es Estados Unidos”, apuntó el abogado y expuso que ese país “se queda con el 40% de las ganancias que produce el tráfico de sustancias”.
Ahora bien, los recursos que gastó la gestión de Cambiemos en criminalizar, reprimir y militarizar barrios en donde presuponían que había “bunker narcos”, no se vieron reflejados en políticas de Estado que apunten a la prevención o asistencia a personas con consumo problemático.
La lógica represiva de Bullrich y de Macri no vienen de la nada, sino que responden al enfoque de derecha y conservador, prohibicionista y abstencionista de creer que el narcotráfico se combate atacando la oferta, pero es una lógica equivocada ya que Argentina no es un país productor y creen que los consumidores son población en riesgo. Esto lleva a que sean incapaces de distinguir entre consumidor ocasional y consumidor problemático.
Con la doctrina Bullrich a la cabeza, las consecuencias fueron: el aumento de la violencia en los barrios, el aumento de la inseguridad y la consolidación de organizaciones criminales. No hubo tal batalla contra el narcotráfico, solo hubo una puesta de escena más, de otras tantas de Cambiemos, y la persecusión y criminalización para las personas que usan drogas, mientras que no se llevó adelante ninguna política destinada a abordajes sensatos y humanitarios.
Los datos demuestran que la espectacularización de la pelea contra el narcotráfico solo apuntó a criminalizar consumidores.
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